EMISCO pidió sanciones y el apartamiento del fiscal de la causa
NewsITe
Una nueva organización europea de derechos humanos presentó una denuncia disciplinaria contra el fiscal federal Oscar Fernando Arrigo por su actuación en la causa que investiga al ciudadano ruso Konstantin Rudnev por presunta trata de personas en Bariloche. El planteo fue realizado por EMISCO (European Muslim Initiative for Social Cohesion), con sede en Estrasburgo, y se suma a una presentación anterior formulada por el Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR).
El escrito, firmado por el secretario general de EMISCO, Bashy Quraishy, fue ingresado el 2 de noviembre en la Mesa de Entradas de la Procuración General de la Nación y derivado a la Secretaría Disciplinaria y Técnica. Un día después, el Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente su recepción y lo registró bajo el número CUDAP: EXP-MPF:0001625/2026, lo que significa que el reclamo quedó formalmente incorporado al sistema de control disciplinario sobre fiscales nacionales y federales.
La organización sostiene que su intervención se basa en la preocupación por el tratamiento judicial de minorías religiosas y por el uso de la etiqueta de “secta” para describir determinadas prácticas espirituales, algo que —advierte— puede derivar en estigmatización y en una lectura sesgada de las conductas de los imputados y de quienes son señalados como víctimas.
Cuestionamientos sobre el tratamiento de la presunta víctima
El primer eje de la denuncia apunta al modo en que la Fiscalía habría tratado a Elena Makarova, ciudadana rusa identificada como presunta víctima de trata. De acuerdo con EMISCO, la mujer manifestó reiteradamente que no se consideraba víctima y negó haber sufrido explotación o delito alguno por parte de Rudnev. La ONG afirma que, pese a esas presentaciones, la Fiscalía habría desatendido sus planteos y mantuvo la calificación procesal.
Entre los episodios señalados se menciona una carta manuscrita que Makarova habría dirigido el 13 de junio de 2025 al juez federal Gustavo Zapata, en la que pidió ser excluida como víctima. Según la denuncia, el documento fue remitido a la Fiscalía cuatro días después, pero no habría sido puesto en conocimiento del magistrado en tiempo y forma. EMISCO reclama que la Procuración determine qué ocurrió con esa presentación y si hubo alguna omisión funcional.
La entidad también recuerda que, en septiembre de 2025, Makarova habría promovido recusaciones y nuevas presentaciones en las que denunció presuntas presiones para aceptar su rol de víctima, restricciones para comunicarse con su abogado y situaciones de aislamiento junto a su hijo recién nacido. Además, cuestiona la negativa de la Fiscalía a participar de una audiencia realizada el 19 de septiembre de ese año y pide evaluar si esa ausencia pudo afectar los derechos de la mujer.
Debate por las prisiones preventivas y el estado de salud del imputado
Un segundo núcleo de la denuncia se dirige a la reiteración de pedidos de prisión preventiva y prórrogas de detención contra Rudnev, formulados entre abril de 2025 y junio de 2026. EMISCO solicita que se analice si cada medida estuvo respaldada en riesgos procesales concretos y si se valoraron alternativas menos gravosas, como el monitoreo electrónico y el arresto domiciliario en un domicilio comprobado.
El texto repasa decisiones del juez federal Gustavo Zapata, quien en octubre de 2025 y en abril de 2026 dispuso el arresto domiciliario con tobillera electrónica para Rudnev, resoluciones que habrían sido recurridas por el Ministerio Público Fiscal y luego revocadas por instancias superiores. Para la organización, ese derrotero obliga a revisar si la actuación fiscal respetó los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen las medidas cautelares en causas penales.
El tercer eje está vinculado al deterioro de la salud del imputado. EMISCO alude a estudios de distintas especialidades médicas —neurología, cardiología, cirugía y traumatología— que describen daños nerviosos en ambas manos, problemas cardiovasculares y dificultades para movilizarse. A pesar de esos informes, la ONG sostiene que la Fiscalía habría mantenido su postura favorable al alojamiento en un establecimiento penitenciario.
Responsabilidad funcional y estándares internacionales
Uno de los documentos centrales citados por la denunciante es un informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal, fechado el 8 de octubre de 2026, que concluyó que Rudnev “no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario”. EMISCO considera que esa evaluación debería haber impactado en la posición procesal sostenida por los representantes del Ministerio Público Fiscal y reclama establecer si hubo omisiones en la protección de la salud del detenido.
En ese contexto, la organización invoca las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas y otros estándares internacionales sobre el trato a personas privadas de libertad. También plantea que el análisis disciplinario debe hacerse a la luz de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, normas que imponen a los fiscales un deber de objetividad en la valoración de pruebas tanto de cargo como de descargo.
La denuncia hace foco en la responsabilidad de Arrigo como titular de la dependencia fiscal interviniente. Aunque reconoce que varias intervenciones en audiencias fueron realizadas por otros fiscales —como Gustavo Révora y Tomás Labal—, EMISCO pide determinar si el fiscal a cargo dispuso, supervisó o consintió cada una de esas actuaciones, y si cumplió con sus deberes de dirección. El planteo reclama que, si se comprueban incumplimientos funcionales, se inicie un procedimiento disciplinario, se apliquen sanciones y se disponga el apartamiento de Arrigo de la causa.
La Procuración General deberá ahora evaluar los hechos denunciados y resolver si corresponde abrir una investigación administrativa o adoptar otras medidas dentro de sus competencias, mientras la causa penal en Bariloche continúa en trámite.
