El proyecto de “Competitividad Financiera” entra en debate en el Congreso
NewsITe
La denominada “Ley de Competitividad Financiera”, también conocida como la nueva ley ómnibus del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya comenzó su recorrido en la Cámara de Diputados. El proyecto ingresó por mesa de entradas y fue girado a las comisiones de Legislación General (cabecera), Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda, donde se iniciará la discusión política y técnica.
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Con más de 225 artículos, la iniciativa propone una profunda modificación de múltiples marcos normativos. El texto apunta a eliminar restricciones consideradas “injustificadas” para el ejercicio de actividades económicas y profesionales, promover la libre competencia, mejorar el funcionamiento de los mercados y reforzar la seguridad jurídica, según se desprende de sus fundamentos.
Entre los cambios de mayor impacto aparece, por primera vez en la legislación argentina, el reconocimiento expreso de que todo valor negociable puede emitirse, registrarse y negociarse en blockchain. De este modo, se habilita la tokenización de activos con plena validez legal, lo que podría abrir el juego a nuevas formas de financiamiento y a la participación de plataformas tecnológicas en el mercado de capitales.
Otro eje central es la reforma de los pagarés. El proyecto autoriza documentos con ajuste por inflación o dólar, algo hoy vedado por la exigencia legal de una “suma determinada”. Se permitirán montos determinables por índices objetivos y verificables y se crea el pagaré producto o en especie, canjeable por bienes fungibles como granos o minerales, herramienta relevante para el sector agroindustrial.
Cambios en prendas, tarjetas, plazos fijos y mercado de capitales
La iniciativa también moderniza el histórico decreto ley de Prenda con Registro de 1946, pensado originalmente para ganado y maquinaria agrícola. El nuevo esquema amplía el objeto a todo tipo de bienes muebles, activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias y flujos de fondos futuros, entre otros. Además, crea la prenda flotante sin límite temporal, que permite garantizar stock rotativo sin individualizar cada bien, figura clave para cadenas de retail y supermercados.
Se elimina, a su vez, el veto del primer acreedor para la constitución de una segunda prenda, con el objetivo de diversificar el acceso al crédito. En materia de medios de pago, el proyecto transforma el cupón generado por la tarjeta de crédito en un título ejecutivo endosable y negociable en el mercado de capitales. La apuesta oficial es que los comercios dejen de esperar entre 8 y 18 días para cobrar y puedan descontar esos cupones como si fueran cheques, idealmente a tasas más bajas.
Otro punto relevante es la posibilidad de que los plazos fijos a más de 365 días puedan ser endosados y negociados en mercados secundarios bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para el ahorrista, esto implicaría ganar liquidez sin rescatar anticipadamente el depósito y perder intereses; para los bancos, evitar retiros masivos en contextos de volatilidad, lo que podría contribuir a alargar los plazos de los depósitos en el sistema financiero.
Reforma de la CNV, instrumentos PyME y cambios impositivos
El proyecto avanza sobre 109 artículos de la Ley de Mercado de Capitales. Incorpora el principio de neutralidad tecnológica, eliminando la obligación del soporte en papel y despejando dudas sobre la validez de los activos digitales como títulos valores. También consagra la inclusión financiera como objetivo, mediante la simplificación de trámites y el uso de tecnologías para ampliar el acceso, al tiempo que redefine la protección al inversor como el derecho a una información plena y veraz, sin suprimir el riesgo propio de las inversiones.
La CNV dejará de ser un ente autárquico descentralizado y pasará a ser un organismo desconcentrado dentro del Ministerio de Economía, con autonomía funcional y financiera y un directorio de autoridades. Se crea la figura del Agente de Custodia, Registro y Pago (ACRyP) y se deroga el decreto de 1943 sobre planes de ahorro para la compra de autos, poniendo punto final a las tradicionales Sociedades de Capitalización y Ahorro.
Respecto del financiamiento a pequeñas y medianas empresas, el Gobierno reconoce el escaso impacto de la Ley de Financiamiento Productivo para PyMEs de 2018, que nunca superó el 4% de participación y hoy ronda el 2,3% del financiamiento. Por eso se impulsa la desintermediación: plataformas informáticas podrán funcionar como ámbitos de negociación directa sin la obligación de pasar por un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), y se amplía el abanico de instrumentos negociables (facturas de crédito electrónicas, cheques, pagarés, warrants, letras de cambio, títulos electrónicos y otros activos digitales definidos por la autoridad).
En el plano tributario, la ley dispone que los CEDEAR comiencen a pagar Impuesto a las Ganancias como si se tratara de la compra directa de acciones en el exterior, con la intención de desalentar la fuga de ahorro a activos externos exentos. Además, los Fondos Comunes de Inversión Inmobiliarios dejan de estar restringidos a la “vivienda social”, habilitando cualquier tipo de vivienda y crédito hipotecario para el beneficio, y se permite diferir el pago de Ganancias cuando se aporta un terreno a un fideicomiso hasta la liquidación de las cuotapartes.
Cruce político en el Congreso y críticas de la oposición
La presentación del paquete de “Competitividad Financiera” anticipa un debate intenso en el Congreso. Desde la bancada de Unión por la Patria ya adelantaron su rechazo general al proyecto y advirtieron sobre la presencia de “caballos de Troya” en el extenso articulado.
“Otra ley ómnibus de 240 artículos. Seguramente con varios Caballos de Troya. Pero en el primer análisis anticipo que detrás del pomposo título de ‘reforma del mercado de capitales’ esconden un impuesto a la renta financiera”, señaló en X el jefe del bloque, Germán Martínez.
Mientras el oficialismo busca presentar la reforma como un paso clave para modernizar el sistema financiero, potenciar el crédito y atraer inversiones, la oposición alerta sobre los posibles efectos fiscales y distributivos de los cambios propuestos. El trabajo en comisiones será el escenario donde se definan acuerdos, modificaciones y eventuales puntos de conflicto de una ley que, por su alcance, promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda parlamentaria en las próximas semanas.
