Mandatarios provinciales piden una reforma fiscal integral
NewsITe
Gobernadores de distintas provincias recibieron con buena predisposición la propuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, para eliminar el impuesto a los sellos. Sin embargo, advirtieron que cualquier cambio impositivo aislado resulta insuficiente si no se enmarca en una discusión más amplia sobre la coparticipación federal y el esquema de recursos que hoy sostiene a las jurisdicciones.
El planteo del titular del Palacio de Hacienda fue realizado en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde propuso que las provincias avancen en la eliminación del impuesto a los sellos con el compromiso de que la Nación compense la pérdida de recaudación con el 50% de ese monto. La iniciativa apunta a aliviar costos de transacciones y contratos, considerados distorsivos para la actividad económica.
Desde las provincias remarcan que, en los últimos años, debieron asumir funciones y servicios que antes prestaba el Gobierno nacional, lo que incrementó el peso de sus presupuestos. En ese marco, insisten en que cualquier modificación tributaria debe ser analizada en conjunto, contemplando el impacto sobre las cuentas públicas y la prestación de políticas esenciales como salud, educación y seguridad.
Posturas diferenciadas pero con un eje común
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, valoró el camino del diálogo y destacó los esfuerzos de su administración para ordenar las cuentas públicas. Recordó que su gestión redujo un 35% los cargos políticos, desafectó a unas 5.000 personas que habían ingresado al Estado de manera irregular y avanzó en la baja de diversos tributos, entre ellos gravámenes considerados poco eficientes.
Desde Neuquén, Rolando Figueroa explicó que la provincia ya tiene previsto eliminar el impuesto a los sellos a partir de 2028 para quienes cumplan ciertos requisitos, lo que demuestra una hoja de ruta propia en materia tributaria. No obstante, advirtió que se trata de “un tema para analizar” en profundidad y sostuvo que resulta imprescindible una “discusión integral” de la coparticipación federal y de la distribución de los recursos entre Nación y provincias.
En la misma línea se expresó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien se mostró dispuesto al diálogo con la Casa Rosada, pero insistió en que la discusión no puede limitarse a un solo impuesto. Según remarcó, las provincias necesitan previsibilidad y un marco fiscal estable para planificar inversiones y obras de infraestructura, por lo que la revisión del régimen de coparticipación se vuelve central.
Córdoba y Santa Fe piden revisar todo el esquema impositivo
Durante un segundo panel del encuentro industrial, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue más crítico y reclamó que el diálogo con la Nación abarque el conjunto de tributos nacionales y sus efectos sobre la producción. En particular, cuestionó las retenciones que afectan al agro y a las economías regionales cordobesas, señalando que se trata de cargas que limitan el crecimiento y restan competitividad.
- Llaryora reclamó discutir todos los impuestos y no sólo los sellos.
- Pidió previsibilidad para el sector productivo y reglas claras a largo plazo.
- Señaló el impacto de las retenciones en el campo y la industria provincial.
“No podemos lanzar algo, generar expectativa y luego ir para atrás, porque así no vamos a ningún lado”, advirtió Llaryora, reclamando una agenda de diálogo seria y sostenida entre Nación y provincias.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció en términos similares. Aseguró que su provincia está “dispuesta a sentarse” a negociar cambios en el esquema tributario, pero remarcó que la discusión debe abarcar los impuestos que “han cargado al campo y a la industria”, sectores clave para el desarrollo santafesino y para el conjunto de la economía nacional.
De este modo, si bien existe consenso en torno a la conveniencia de revisar o eliminar el impuesto a los sellos por su carácter distorsivo, los mandatarios provinciales insisten en que la prioridad es una reforma fiscal integral y una revisión profunda de la coparticipación. El desafío será compatibilizar el alivio impositivo a la actividad económica con la sustentabilidad financiera de las provincias, en un contexto de alta demanda social y restricciones presupuestarias.
