Michel cuestiona la privatización de AySA y pide freno institucional
NewsITe
El diputado nacional Guillermo Michel, referente de Unión por la Patria, lanzó duras críticas contra el proyecto del Gobierno de Javier Milei para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según sostuvo, el paquete que se pretende transferir al sector privado equivale a vender la empresa por un valor similar a tan solo tres meses de su facturación, lo que, a su entender, constituye una operación “mal vendida o regalada”.
Michel recordó que, de acuerdo con los resultados operativos del año pasado, AySA obtuvo ganancias por unos 273 millones de dólares. En ese marco, apuntó que la propuesta oficial es desprenderse del 90% de la compañía por alrededor de 340 millones de dólares. “No resiste ningún análisis técnico que se venda un activo estratégico de estas características a ese precio”, afirmó en declaraciones radiales, al remarcar que la empresa tiene cuatro millones de conexiones en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Desde la mirada del legislador opositor, el cálculo de la transacción implica que cada conexión se valora en apenas 100 dólares, mientras el concesionario recibiría la explotación del servicio por 360 meses. “Se le entrega a un grupo inversor el paquete accionario y la concesión por 30 años por el equivalente a tres meses de facturación. Es un pésimo negocio para el Estado nacional”, insistió, en línea con otras críticas que viene recibiendo el plan de privatizaciones del Ejecutivo.
Riesgos de conflicto de intereses y llamados a la Auditoría
Otro de los puntos que encendió las alarmas de Michel es la composición del consorcio comprador. Según denunció, dentro del grupo hay compañías que hoy actúan como proveedoras de AySA, lo que podría derivar en un conflicto de intereses. “Van a estar de los dos lados del mostrador: serán dueños de la empresa y al mismo tiempo venderán bienes y servicios a la propia AySA”, advirtió.
En esa línea, planteó interrogantes sobre los precios que se aplicarían en esas operaciones internas: “¿Qué valor van a pagar por la materia prima o los servicios? ¿Uno que le convenga a la empresa pública o uno que maximice la renta de sus firmas privadas?”. Frente a ese escenario, el diputado reclamó la intervención urgente de la Auditoría General de la Nación (AGN) para revisar las condiciones económicas, financieras y contractuales de la privatización.
Michel indicó que ya existen dos actuaciones en curso vinculadas al tema: una causa en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). “La AGN tiene que meterse de lleno, como ya lo hizo en otros procesos sensibles, por ejemplo en el caso de la Hidrovía”, señaló, al reclamar mayores controles sobre el proceso de venta.
Impacto en usuarios y propuesta de esquema mixto
Además de los cuestionamientos técnicos, el legislador puso el foco en las consecuencias para los usuarios del conurbano bonaerense y del resto del área de prestación. “El agua es un derecho, un bien esencial. Hay más de 16 millones de personas en la provincia de Buenos Aires que dependen del servicio de AySA y que pueden ser los principales afectados por esta medida”, alertó.
Michel advirtió que una privatización en los términos planteados podría derivar en fuertes incrementos de tarifas y en eventuales cortes de suministro ante situaciones de morosidad. “¿Qué van a hacer esos vecinos cuando apliquen un aumento fenomenal de las tarifas o cuando les corten el servicio?”, se preguntó, marcando la preocupación por el impacto social de la operación.
Como alternativa, propuso que el Gobierno nacional hubiera optado por un modelo de control estatal mayoritario con participación privada minoritaria, similar al esquema vigente en YPF. “Podría haberse reservado el 51% para decidir sobre la tarifa y el plan de obras, y abrir el 49% restante al mercado de manera transparente, generando inversiones sin perder la conducción estratégica”, explicó.
Por último, planteó que la administración bonaerense debería evaluar la posibilidad de sumarse formalmente a los reclamos contra la privatización, a través de presentaciones judiciales o políticas. Para Michel, el caso AySA se convirtió en un nuevo capítulo de la disputa sobre el rol del Estado en la provisión de servicios públicos esenciales en la Argentina.
