Asamblea clave para el futuro de la empresa de agua y saneamiento
NewsITe
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresó en la etapa decisiva de su proceso de privatización. La compañía convocó a tres asambleas de accionistas para el 13 de noviembre, fecha límite fijada por el Gobierno nacional para la firma del contrato de venta del 90% del capital accionario a un consorcio encabezado por un fondo de origen extranjero cuya estructura de propiedad genera fuertes interrogantes.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente de la firma, Alejo Maxit, establece que las reuniones se realizarán de manera presencial en la sede social de la empresa, ubicada en Tucumán 752, piso 20, en la Ciudad de Buenos Aires. Están previstas una Asamblea General Ordinaria, una Extraordinaria y una Especial de Accionistas Clase A, con horarios escalonados a partir de las 10.
En la Asamblea Especial de Accionistas Clase A se tratará la renuncia de los directores y síndicos designados por el Estado nacional y la designación de sus reemplazantes. Esas acciones, que actualmente pertenecen al Tesoro, pasarán a manos del consorcio adjudicatario, lo que permitirá reconfigurar el directorio y otorgar mayor peso a los nuevos socios privados.
La Asamblea Extraordinaria tendrá como eje la reforma de múltiples artículos del estatuto social para adecuarlo a las exigencias del pliego de privatización establecido por la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía. Entre otros puntos, se prevé ajustar el objeto social, las reglas de funcionamiento del directorio y el régimen de control interno, en línea con el nuevo esquema de mayoría privada.
El rol del fondo extranjero y las dudas sobre su estructura
De acuerdo con la Resolución 1818/2026, el 90% de AySA fue adjudicado por US$ 340,2 millones (sin IVA) a un consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Informes de mercado señalan que PHX Aqua AR BV concentrará el 55% del paquete, aunque la resolución oficial no explicita el reparto accionario ni detalla quiénes son los beneficiarios finales del socio extranjero.
Registros comerciales de los Países Bajos indican que PHX Aqua AR BV fue constituida en agosto de 2026 como una holding financiera, inscripta en la Cámara de Comercio neerlandesa bajo el número 42145160 y con declaración de un solo empleado. Su domicilio legal coincide con el de Amicorp Netherlands, una empresa de servicios fiduciarios bajo supervisión del banco central holandés, lo que alimenta las sospechas sobre un entramado societario de difícil trazabilidad.
En paralelo, en Londres se registró PHX Aqua Limited, con un capital simbólico de una libra esterlina y sin personas con control significativo declaradas ante el regulador británico. Ambas estructuras se vinculan con Phoenix Global Investment Fund BV, un vehículo de inversión radicado en Curazao y administrado por Amicorp Fund Services, que en su registro internacional no consigna una sociedad controlante ni una persona física identificada como dueña.
Cambios en el directorio y próximos pasos de la operación
La designación de los nuevos directores por la clase A de acciones podría revelar por primera vez nombres propios vinculados al fondo, hasta ahora ausentes en la documentación oficial del proceso licitatorio. Este paso será seguido de cerca por el mercado, sindicatos y usuarios, dado el impacto potencial sobre la gestión del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana.
El consorcio adjudicatario incluye también a Rowing, la constructora vinculada al empresario Walter Román, cuyas compañías realizaron aportes a la campaña de La Libertad Avanza en 2025; a Transclor, del empresario Mauricio Filiberti, proveedor histórico de cloro para AySA; y a Arcos, holding brasileña que controla al Grupo Aegea, uno de los mayores operadores privados de saneamiento en la región.
Antes de la firma definitiva, los cuatro socios deberán constituir una sociedad anónima local que actuará como operador estratégico de la concesión. Si no cumplen con las condiciones establecidas, el Ministerio de Economía podrá ejecutar la garantía de US$ 25 millones y analizar una eventual adjudicación al Grupo Roggio, que quedó segundo en la puja con una oferta de US$ 285 millones.
En paralelo al proceso sobre AySA, la ex concesionaria Aguas Argentinas SA también convocó a asambleas de accionistas para el 26 de noviembre, con el objetivo de tratar fuera de término el balance de 2025 y renovar su directorio. El doble movimiento empresarial refleja la reconfiguración del mapa de actores privados en el negocio del agua y saneamiento, en un contexto de fuerte debate sobre el rol del Estado en la provisión de servicios públicos esenciales.
