La Justicia investiga el uso de fondos para rutas entrerrianas
NewsITe
La Justicia Federal dio un nuevo paso en la disputa por el financiamiento de la obra pública vial en Entre Ríos. El juez federal de Victoria, Federico Martín, requirió al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional que presenten, en un plazo máximo de tres días, un informe detallado sobre el destino de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) que corresponden a esa provincia.
El pedido se enmarca en el amparo presentado por los legisladores entrerrianos Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, quienes reclaman que se garantice la continuidad de las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en el territorio provincial. El expediente se tramita bajo la carátula “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986”.
Según la presentación, los recursos del SISVIAL —alimentado por el impuesto a los combustibles— tienen una afectación específica por ley y deben destinarse exclusivamente a infraestructura vial. Los legisladores sostienen que la Nación estaría reteniendo una parte sustancial de esos fondos en instrumentos financieros, con el objetivo de mejorar el resultado fiscal, lo que implicaría desvirtuar el destino previsto por la normativa vigente.
Obras demoradas y uso financiero de los recursos
El amparo detalla que, entre enero de 2024 y mayo de 2026, ingresaron al SISVIAL a nivel nacional más de $1,5 billones. De ese total, solo alrededor de $394.406 millones se habrían aplicado efectivamente a obras viales, mientras que más de $1 billón permanecía invertido en títulos públicos y plazos fijos al 31 de mayo.
De acuerdo con el planteo, el propio Gobierno nacional habría admitido que estos recursos son contabilizados para sostener el equilibrio fiscal. Para los demandantes, esto implica que el financiamiento originalmente previsto para la mejora y mantenimiento de rutas se está utilizando como herramienta financiera y no para ejecutar proyectos concretos.
- Reclaman la reactivación de obras en rutas nacionales estratégicas de Entre Ríos.
- Cuestionan que más de $1 billón en fondos viales se mantenga en instrumentos financieros.
- Advierten sobre el deterioro de corredores clave para la producción y el transporte.
Rutas alcanzadas y nuevas concesiones
En su presentación, los legisladores ponen el foco en la situación de varias rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos, entre ellas la 12, 14, 18, 127, 135 y 174, consideradas claves para la conexión con el Litoral, el Mercosur y distintos polos productivos del país. Denuncian demoras, paralización de obras y falta de mantenimiento adecuado en esos corredores.
El reclamo también hace referencia a una decisión reciente del Gobierno nacional: el 7 de octubre se concesionaron por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas. Entre los tramos incluidos figuran la Ruta Nacional 18 entre Paraná y Puerto Yeruá, y la Ruta Nacional 12 entre Crespo y Paraná. Este esquema de concesión, señalan los demandantes, se superpone con la discusión por los fondos del SISVIAL y abre interrogantes sobre el modelo de financiamiento de la infraestructura vial a futuro.
La resolución que adopte la Justicia en este amparo podría marcar un antecedente relevante sobre el uso de fondos con afectación específica y el alcance de las políticas de ajuste fiscal en materia de obra pública vial.
Ahora, el expediente queda a la espera de los informes que deberán remitir Economía y Vialidad Nacional. Con esos elementos, el juez Martín definirá si hace lugar a la medida cautelar pedida por los legisladores para asegurar la continuidad de las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en Entre Ríos, en un contexto de fuerte tensión entre las provincias y la Nación por la distribución y el uso de los recursos públicos.
