Comenzó el juicio por violencia institucional contra jóvenes qom
NewsITe
El juicio oral y público contra diez efectivos de la Policía de Chaco, acusados de graves hechos de violencia institucional contra jóvenes de la comunidad qom en la localidad de Fontana, avanza en los tribunales provinciales y se prevé que se extienda hasta mediados de noviembre. Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas, en pleno contexto de restricciones por la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con la acusación fiscal, los policías ingresaron de manera violenta y sin orden judicial a varios domicilios del barrio. Testimonios y registros incorporados a la causa señalan que el operativo se desarrolló con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y la presencia de armas de fuego, acompañado de insultos y expresiones discriminatorias vinculadas a la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
En ese contexto fueron detenidos Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia y Rebeca Griselda Garay, esta última menor de edad al momento de los hechos. Una vez en la comisaría, los jóvenes habrían sido sometidos a torturas y malos tratos, algunos de los cuales quedaron parcialmente registrados por las cámaras de seguridad de la seccional, y que derivaron en lesiones graves.
Preocupación por la continuidad de los policías en funciones
Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, explicó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que de los diez efectivos imputados solo dos fueron apartados de la fuerza. “El resto continúa dentro de la Policía provincial y, de hecho, nunca dejó sus cargos”, remarcó, lo que genera preocupación en las organizaciones de derechos humanos y en la propia comunidad afectada.
Garone detalló que aquella madrugada los agentes irrumpieron sin orden de allanamiento en al menos tres viviendas del barrio Banderas Argentinas. Allí detuvieron a los cuatro jóvenes mediante golpes, amenazas e insultos, mientras hacían referencias despectivas a su condición de integrantes de un pueblo indígena. Hasta el momento, subrayó la referente de Amnistía, no se conocen motivos claros que justifiquen el operativo.
Secuelas psicológicas y reclamo de justicia
En 2021, Amnistía Internacional realizó una misión en Fontana para relevar el impacto de los hechos en las víctimas y sus familias. Integrantes de la organización mantuvieron extensas entrevistas con la familia Saravia y trabajaron en la documentación del caso. De acuerdo con las pericias de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco, todos los jóvenes detenidos presentan estrés postraumático y requieren tratamiento psicológico a raíz de la violencia sufrida.
La organización se presentó en 2022 como amicus curiae en la causa y enfatizó que es obligación del Estado prevenir, investigar y sancionar de manera adecuada los delitos de tortura y otros tratos crueles, especialmente cuando las víctimas pertenecen a comunidades históricamente vulneradas como los pueblos originarios. El desarrollo de este juicio es seguido de cerca por organismos de derechos humanos, que consideran que el fallo será un mensaje clave en materia de combate a la violencia institucional en el país.
“Es obligación del Estado prevenir, investigar y sancionar apropiadamente la tortura y el abuso físico y psicológico, más aún cuando existe un especial ensañamiento por la pertenencia a una comunidad indígena”, sostuvo Amnistía Internacional Argentina.
Mientras el tribunal escucha testimonios y analiza la prueba recolectada, las víctimas y sus familias esperan que el proceso marque un precedente frente a los casos de violencia policial y discriminación hacia comunidades indígenas en Chaco y en todo el territorio nacional.
