Malvinas y Banco Central, eje de la próxima sesión en Diputados
NewsITe
El oficialismo en la Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave previa al debate del Presupuesto 2027, con dos iniciativas en el centro de la escena: el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que pone el foco en la cuestión Malvinas y la doctrina de seguridad nacional, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), orientada a consolidar el principio de “emisión cero”.
La Libertad Avanza ya dio las primeras señales de organización interna y maneja como fecha tentativa el jueves 12 de noviembre para llevar los proyectos al recinto, aunque no se descarta correr la sesión al miércoles 18 si se modifica el cronograma del Presupuesto. La discusión se dará, además, en una semana signada por feriados nacionales y locales vinculados a la visita del Papa León XIV, lo que complica la logística parlamentaria.
Defensa de la Soberanía y polémica por la doctrina de seguridad
La iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional emerge como la “vedette” del temario. El texto no solo actualiza el régimen de sanciones para las empresas que exploten sin autorización argentina los recursos naturales en la cuenca de Malvinas, sino que también reorganiza la estructura de defensa e inteligencia bajo la lógica de una respuesta unificada ante una “amenaza externa”.
El proyecto refuerza las potestades del Poder Ejecutivo para tomar medidas excepcionales frente a riesgos considerados graves. Podrá, entre otros puntos, restringir operaciones financieras y cambiarias, bloquear activos, suspender autorizaciones y contratos, limitar importaciones y exportaciones y aumentar de forma temporal los derechos aduaneros. Para la oposición peronista y de izquierda, se trata de un “caballo de Troya” que habilita una concentración inédita de poder en el Ejecutivo y diluye la frontera entre defensa nacional y seguridad interior.
La discusión también tuvo repercusiones en el plano internacional. Según trascendió en el Congreso, Estados Unidos expresó su preocupación por el alcance del régimen sancionatorio sobre intereses económicos norteamericanos, lo que empujó al oficialismo a moderar algunos artículos. Finalmente, se mantuvieron fuertes sanciones –con penas de hasta 20 años de prisión– para directores, socios y proveedores de empresas que operen sin aval argentino en la zona de Malvinas, aunque quedaron exceptuados los accionistas con participaciones menores al 2% y determinados fondos de inversión con participación indirecta.
Control parlamentario y garantías para el trabajo periodístico
En el tira y afloje por la letra chica del dictamen, La Libertad Avanza aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento que deberá monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo quedará obligado a informar a ese cuerpo legislativo en un plazo máximo de 48 horas cada vez que se adopten medidas bajo el paraguas de “amenaza externa”.
Otro de los puntos más sensibles fue el artículo que tipifica las “campañas de injerencia extranjera”. El texto original generó un fuerte rechazo de entidades periodísticas, entre ellas FOPEA, por el riesgo de que alcanzara a periodistas, medios y académicos bajo acusaciones de manipular la opinión pública o alterar procesos electorales. Tras las críticas, el oficialismo decidió acotar la definición de injerencia externa y aclarar que quedan excluidas la actividad periodística, la investigación académica, la gestión regulada de intereses, las opiniones de Estados extranjeros y las tareas diplomáticas.
Pese a estos cambios, persisten cuestionamientos sobre la amplitud con que se definen conceptos como “terrorismo” y “amenaza externa”. La oposición advierte que, tal como está redactado, el proyecto permitiría etiquetar como amenazas a expresiones de disidencia política y restringir derechos y libertades amparados por la Constitución.
Reforma del Banco Central: blindaje institucional y “emisión cero”
El segundo gran capítulo de la sesión estará dedicado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa forma parte del núcleo duro del programa económico del presidente Javier Milei y busca cerrar la puerta a futuros usos discrecionales de la política monetaria, limitando al máximo la asistencia de la entidad al Tesoro y a las provincias.
El proyecto tuvo un intenso ida y vuelta entre ambas cámaras. La media sanción original fijaba que la remoción de directores del BCRA requería el voto de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, un verdadero cerrojo institucional frente a cambios de signo político en el Ejecutivo. El Senado, sin embargo, modificó ese esquema y lo reemplazó por una mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta. Diputados, que amagó con insistir en el texto original, terminó acceptando los cambios a regañadientes, resignando injerencia directa en la remoción de autoridades del Banco Central.
Más allá de la discusión institucional, el corazón de la reforma está en el nuevo mandato de la autoridad monetaria. Se elimina la multiplicidad de objetivos incorporada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de objetivo único: la preservación del valor de la moneda. Quedan expresamente prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la compra de títulos públicos en el mercado primario y la conversión de utilidades contables en ganancias distribuibles.
Un Banco Central con funciones acotadas
- Mandato exclusivo de estabilidad de la moneda, sin objetivos adicionales de crecimiento o empleo.
- Prohibición de financiar al Tesoro nacional y a los gobiernos provinciales mediante emisión.
- Eliminación de herramientas de crédito dirigido y de políticas crediticias diferenciadas.
- Reducción del margen para que el BCRA intervenga en la economía más allá de su rol monetario.
Para el Gobierno, este rediseño es condición indispensable para reducir de manera sostenible la inflación. La premisa es que “la inflación es siempre un fenómeno monetario” causado por exceso de oferta de dinero, y que la historia reciente de la Argentina demuestra el vínculo entre déficit fiscal financiado con emisión y pérdida del poder adquisitivo.
La estrategia oficial apunta a “blindar” al Banco Central frente a próximas administraciones, evitando que un cambio de signo político habilite nuevamente la emisión para cubrir el déficit y distorsionar el valor de la moneda.
Con estos dos proyectos, el oficialismo buscará en la próxima sesión de Diputados consolidar dos pilares de su agenda: una nueva arquitectura de seguridad y defensa, con eje en Malvinas y la doctrina de amenaza externa, y un Banco Central con funciones estrictamente monetarias. El debate promete ser áspero y marcará un nuevo test de fuerza entre La Libertad Avanza y la oposición en el Congreso.
