El TOF N°5 analiza el entramado económico entre Báez, Indalo y la familia Kirchner
NewsITe
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 avanza con el juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que se analiza una presunta estructura de corrupción y lavado de dinero que habría beneficiado a la familia Kirchner y a un selecto grupo de empresarios contratistas del Estado. En las primeras audiencias se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio de la causa Los Sauces, donde la Fiscalía detalló el circuito económico que, según su hipótesis, permitió canalizar millones de pesos mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.
El fiscal Diego Velasco describió una “compleja maniobra delictiva” que habría sido impulsada por los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, junto con sus hijos Máximo y Florencia, con el fin de “enriquecer ilegítimamente” a empresarios cercanos como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, y al propio entorno familiar. La acusación sostiene que esta red funcionó durante años aprovechando el control político del Estado nacional y la asignación de contratos multimillonarios de obra pública y concesiones.
De acuerdo con la presentación fiscal, el mecanismo se apoyaba en una serie de sociedades vinculadas al negocio inmobiliario y hotelero, especialmente la firma Los Sauces. A través de contratos de alquiler de propiedades y hoteles, se les habría dado apariencia de ingresos legales a fondos que, según la investigación, provenían de delitos contra la administración pública. Parte del dinero que ingresaba a empresas de Báez y del Grupo Indalo por contratos con el Estado retornaba luego a la familia Kirchner como pagos de alquiler a la inmobiliaria.
Cómo operaba el presunto circuito de lavado
La Fiscalía sostiene que Néstor y Cristina Kirchner favorecieron el crecimiento patrimonial de sus principales socios. En el caso de Báez, lo ubican como dueño de un conglomerado de más de 30 empresas, mientras que López y De Sousa habrían encabezado un holding de más de 150 sociedades. Una vez consolidado ese poder económico, se habría montado un “mecanismo permanente de reciclaje” de una parte de las ganancias, que volvía a los exmandatarios como “dinero limpio”.
Según el requerimiento, Los Sauces fue el vehículo central de esta operatoria. Con el dinero recibido de los denominados “empresarios amigos”, la firma adquirió propiedades, hoteles y terrenos que luego eran alquilados a las mismas empresas que la financiaban. De esa manera, el flujo de fondos se registraba formalmente como canon locativo mensual declarado ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción, lo que les daba formalidad y cobertura legal.
Los números que exhibió la Fiscalía buscan respaldar esa hipótesis: el 88% de la facturación de Los Sauces habría tenido origen en esas firmas vinculadas. Un 65% de los ingresos provenía de empresas del Grupo Indalo —Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia—, mientras que el 23% restante estaba vinculado al grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.
Montos facturados, origen de los fondos y propiedades bajo sospecha
Entre 2009 y 2016, Los Sauces habría facturado a las empresas de Báez y del Grupo Indalo un total de $25.968.042,30 en concepto de alquiler de inmuebles y hoteles. Para la acusación, muchos de esos contratos eran “innecesarios” o estaban por encima de los valores de mercado, lo que refuerza la sospecha de que se trataba de una vía para canalizar retornos. En ese mismo período, el patrimonio neto de la firma habría crecido más de un 12.000%, pasando de $100.000 iniciales a $12.122.430,26.
La investigación también rastrea el presunto origen de los fondos. En el caso de Báez, se lo vincula directamente con la causa Vialidad, donde se analizó la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, proceso en el que Cristina Kirchner ya fue condenada a seis años de prisión domiciliaria. Para López y De Sousa, en tanto, la Fiscalía habla de dinero generado a partir de dádivas ligadas a contratos, concesiones, licencias y beneficios fiscales.
En paralelo, los fiscales pusieron el foco en la compra de inmuebles y terrenos asociados a Los Sauces. Citaron, entre otros ejemplos, un terreno en El Calafate que se habría adquirido a $7,50 el metro cuadrado, pagado más de un año después y sin escrituración ni registración a tiempo. También figuran departamentos del complejo Madero Center, en Puerto Madero, inicialmente adquiridos por Néstor Kirchner y luego incorporados al patrimonio de la inmobiliaria.
- Un terreno vendido por Austral Construcciones que, según la acusación, encubriría una donación de Báez a la familia Kirchner mediante una compraventa simulada.
- El departamento de la calle San José 1111, donde reside Cristina Kirchner, adquirido en 2015 por USD 370.000 mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES), recurso que también está bajo análisis judicial.
El desarrollo del juicio Hotesur-Los Sauces será clave para determinar si la Justicia convalida la hipótesis fiscal sobre una matriz de corrupción estructural en torno a la obra pública y los negocios inmobiliarios.
La lectura del requerimiento de Los Sauces continuará en las próximas audiencias y, a partir de allí, el TOF N°5 comenzará a abordar también el expediente Hotesur. El proceso se perfila como uno de los debates más relevantes de la última década en materia de corrupción política en la Argentina, tanto por la magnitud de los montos involucrados como por la jerarquía institucional de los acusados.
