Expectativa y dudas en el oficialismo por la reforma electoral
NewsITe
En la recta final de octubre, la Casa Rosada atraviesa un clima de fuerte tensión interna por el futuro de la reforma electoral. Mientras el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se muestra confiado en lograr acuerdos con los gobernadores aliados, otras áreas del Gobierno expresan un marcado escepticismo sobre los tiempos legislativos y las chances reales de que el proyecto avance en el Congreso antes de fin de año.
El eje del debate pasa por la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una bandera que La Libertad Avanza (LLA) considera clave para reordenar el escenario político de cara a 2027. A esto se suman cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de la figura de Ficha Limpia, que impediría la candidatura de dirigentes con condenas firmes.
Desde los despachos que responden a Karina Milei destacan el diálogo que encabeza el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con representantes provinciales. Fuentes oficiales deslizan que en los próximos días podrían conocerse definiciones sobre el respaldo de algunos mandatarios, aunque admiten que persisten resistencias importantes, en especial dentro de la Unión Cívica Radical (UCR).
Resistencias radicales y el rol de los aliados
En el oficialismo identifican al radicalismo como el principal foco de oposición a la eliminación de las PASO. Particularmente mencionan al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien observa con recelo el impulso libertario a la figura de Luis Petri como eventual candidato a sucederlo en la gobernación. Esa disputa interna complica los intentos de la Casa Rosada por tejer un acuerdo amplio que le permita avanzar en el Senado.
En Balcarce 50 dan por descontado que, si se consigue ordenar la negociación con la UCR, el PRO terminará acompañando el proyecto. Sin embargo, algunas voces del oficialismo advierten que la clave estará en los tiempos parlamentarios. “Dependerá de Patricia (Bullrich) porque el avance debe ser en el Senado. En los próximos días tendremos novedades”, expresó un integrante de la mesa política en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.
Otros sectores del Gobierno, en cambio, ven el panorama con mayor pesimismo. Alertan que, si la Cámara alta no emite dictamen en la próxima semana, el escenario se volverá mucho más complejo y la conducción libertaria deberá rediseñar por completo su estrategia electoral para las presidenciales de 2027.
Escenarios posibles y presión por los plazos
Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de que LLA presente listas propias en todas las provincias, sin alianzas estructurales con otras fuerzas, aunque con gestos de consideración hacia los gobernadores que se mostraron dispuestos a acompañar al oficialismo en el Congreso. Ese esquema implicaría abandonar la idea de una gran coalición con sectores de la oposición dialoguista y asumir una competencia abierta en un eventual escenario con PASO vigentes.
La presión sobre los aliados crece a medida que se acerca el cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. En la Casa Rosada reconocen que las alternativas para postergar la discusión –como la suspensión de las PASO solo para el próximo año o el tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias– pierden fuerza debido al riesgo de judicialización.
- El proyecto oficial incluye la eliminación de las PASO.
- Propone cambios en el financiamiento de partidos y la figura de Ficha Limpia.
- La UCR aparece como el principal foco de resistencia.
- El cierre de sesiones ordinarias el 30 de noviembre marca el límite político.
“Si no lo resolvemos antes de fin de mes, tenemos que repensar la estrategia con un escenario de PASO y competir en todos lados”, advirtió un integrante del ala política del Gobierno, en referencia a la necesidad de adaptar el armado electoral si la reforma no se aprueba a tiempo.
En este contexto, el calendario legislativo se convirtió en una pieza central de la estrategia oficial. El Gobierno busca acelerar definiciones para evitar que la discusión se traslade a un terreno judicial incierto y, al mismo tiempo, ordenar sus alianzas de cara a un ciclo electoral que ya empieza a perfilarse, más allá de las tensiones internas y las negociaciones a contrarreloj.
