El Senado dio luz verde al marco regulatorio de créditos de carbono
NewsITe
El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que crea un marco regulatorio para los proyectos de reducción de emisiones y la generación de créditos de carbono en la Argentina. La iniciativa, que obtuvo 60 votos afirmativos y solo 2 negativos, busca posicionar al país dentro de los mercados internacionales de carbono y abrir una nueva fuente de divisas a partir de exportaciones potenciales por millones de dólares.
El nuevo régimen apunta a ordenar y dar previsibilidad a iniciativas que reduzcan o capturen gases de efecto invernadero, como la reforestación, la protección del bosque nativo o la generación de energías renovables. Cada tonelada de dióxido de carbono que se evita emitir o se captura del ambiente puede transformarse en un crédito de carbono, que luego es adquirido por empresas o países que necesitan compensar sus propias emisiones.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que establece al crédito de carbono como un bien inmaterial de carácter patrimonial, con identidad jurídica y económica propia. Es decir, se lo separa claramente del inmueble, del recurso natural o de la actividad que le dio origen. De esta forma, se brinda mayor seguridad jurídica a los inversores y a los titulares de proyectos, un aspecto clave para atraer financiamiento de largo plazo.
Claves del nuevo régimen aprobado por la Cámara alta
La norma establece la estabilidad fiscal por 30 años, respecto de los tributos nacionales, para los proyectos de carbono que se registren en el Registro Nacional de Reducciones de Emisiones (ReNaRe). Ese horizonte de previsibilidad es considerado determinante para que iniciativas de gran escala puedan concretarse, en especial en provincias con amplio potencial forestal o de energías limpias.
- Estabilidad fiscal por tres décadas para los proyectos inscriptos en el ReNaRe.
- Libre comercialización de los créditos de carbono en mercados nacionales e internacionales, sin necesidad de autorización previa en la mayoría de los casos.
- Autorización estatal obligatoria cuando los créditos se destinen al cumplimiento de metas climáticas de otro país o a determinados mecanismos internacionales.
- Posibilidad de usar créditos de carbono como respaldo o componente de instrumentos financieros, con intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV) cuando ingresen al régimen de oferta pública.
- Objetivo explícito de impulsar economías regionales mediante inversiones compatibles con la protección ambiental y el federalismo.
Durante el debate, la senadora salteña Flavia Royon advirtió que la Argentina “se estaba quedando atrás” en la discusión global sobre mercados de carbono por carecer de un marco que habilitara la comercialización de estos bonos en ámbitos regulados y con mejores precios. Con la aprobación de este esquema, el oficialismo y buena parte de la oposición apuntan a recuperar terreno y atraer capitales hacia proyectos verdes.
“Si tenemos capacidad de generar mecanismos de financiamiento es con el objetivo de convertirnos en acreedores ambientales; que todos los que aumentan los gases de efecto invernadero que destruyen el ambiente efectivamente tengan que pagar la compensación”, sostuvo el senador Jorge Capitanich durante su intervención en el recinto.
En la misma línea, la senadora misionera Sonia Decut Rojas destacó que se trata de “una ley que define cómo integrar a la Argentina a los mercados internacionales de carbono”, con la posibilidad de que la conservación de bosques y la reducción de emisiones se traduzcan en inversión, financiamiento y nuevas oportunidades productivas para las provincias y las empresas nacionales.
Con este paso, el país busca consolidar una política de largo plazo en materia de cambio climático, alineada con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. El desafío hacia adelante será reglamentar la norma, garantizar la trazabilidad de los proyectos, evitar el doble conteo de emisiones evitadas y asegurar que los beneficios económicos lleguen efectivamente a las comunidades y territorios donde se generan los créditos de carbono.
