Pedido de informes a la Casa Rosada por el vuelo de Flávio Bolsonaro
NewsITe
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, formalizó un pedido de acceso a la información pública dirigido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que el Gobierno detalle cada paso del arribo, permanencia y salida del avión Gulfstream G400 matrícula LV-JQW en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, entre el 26 y el 28 de octubre.
La iniciativa se da en el marco de la polémica por el desplazamiento del senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien –según recordó la legisladora– tenía prohibida la salida de Brasil y una orden judicial para entregar sus pasaportes, medida que no habría cumplido. Frade advirtió que “Argentina no puede ser una pista de salida para prófugos”.
A través de una publicación en Instagram, Frade relató que Bolsonaro cruzó de noche desde Brasil a Misiones por el puente internacional Tancredo Neves, fue registrado por Migraciones y se dirigió a Puerto Iguazú, donde lo esperaba un avión privado. De acuerdo con su reconstrucción, la aeronave despegó luego rumbo a Guayaquil y, tras una escala, aterrizó en Miami.
“El Gobierno de Milei lo dejó pasar, y todavía hay muchas preguntas sin respuesta”, lanzó la diputada, que puso la lupa en el rol de los organismos nacionales. Entre los interrogantes, mencionó quién autorizó la salida del avión –que habría estado retenido por 24 horas–, quién afrontó los costos de la espera y si se utilizaron recursos del Estado para el traslado o la asistencia a los pasajeros.
Qué le pidió Frade al Ejecutivo
El pedido, presentado bajo la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, fue girado a la Jefatura de Gabinete, que tiene 15 días hábiles para responder. La legisladora solicitó que todo lo que se informe esté respaldado por actas, autorizaciones, comunicaciones oficiales, facturas, comprobantes y demás documentos que permitan reconstruir en detalle lo sucedido en Iguazú.
- Identificación de los responsables de la contratación del vuelo privado.
- Nombre de la persona o empresa que asumió los costos del viaje.
- Precisión sobre si organismos públicos nacionales financiaron total o parcialmente gastos vinculados al vuelo, incluyendo uso de vehículos oficiales, personal, custodia u otros recursos estatales.
- Información sobre gestiones realizadas por funcionarios de la Presidencia, la Secretaría General o la Jefatura de Gabinete, en particular si el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en Misiones y participó de la operación.
- Detalle completo del itinerario del avión, planes de vuelo originales y eventuales cambios de destino entre Miami, Guayaquil u otros aeropuertos.
- Datos sobre controles migratorios y aduaneros realizados, y posibles comunicaciones sobre restricciones judiciales o migratorias que afectaran a los pasajeros.
- Tiempo total de permanencia de la aeronave en Iguazú, existencia de órdenes de retención y la autoridad que habilitó finalmente el despegue.
- Listado de todos los costos generados durante la estadía del avión –estacionamiento, tasas aeroportuarias, servicios de rampa, uso de plataforma o hangar– y la identificación de quién los abonó, así como posibles exenciones o beneficios.
Frade enmarcó su presentación en la necesidad de preservar la cooperación judicial con Brasil, al que definió como “nuestro principal socio”. “La cooperación judicial entre los dos países no se negocia. Argentina no puede ser la puerta de escape de nadie que huye de la Justicia”, subrayó.
Acusaciones políticas y pedido de explicaciones
En la red social X, la diputada fue más allá y sostuvo que, al observar quién sería el titular del avión utilizado, “el gobierno argentino es una asociación ilícita”. También vinculó el caso con presuntas maniobras de defraudación a la Administración pública “a costa de los discapacitados”, aunque no aportó mayores precisiones en esa red.
“No somos una pista de salida para prófugos”, enfatizó Frade, al reclamar que la Casa Rosada explique quién autorizó el vuelo y bajo qué condiciones.
Mientras se aguardan las respuestas oficiales, el episodio suma tensión a la relación del oficialismo con sectores de la oposición que exigen conocer si existió algún tipo de colaboración estatal en la salida de Flávio Bolsonaro desde territorio argentino.
