La medida fue establecida por decreto y contempla el traspaso de trabajadores a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas. El proceso incluye el cierre de 30 farmacias y una reducción de la estructura laboral, mientras persisten las dificultades para garantizar la atención médica de los afiliados.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en medio de una profunda crisis financiera y prestacional. La decisión quedó formalizada este miércoles mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma establece cómo se reorganizará el personal que actualmente depende del organismo.
El proceso quedará bajo la responsabilidad de un administrador designado por el Ministerio de Defensa. A su vez, el Directorio de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará qué puestos necesita para funcionar y cuáles de los actuales trabajadores serán incorporados. De esta manera, el traspaso no será automático para toda la planta laboral.
Quienes no sean transferidos quedarán sujetos a una evaluación administrativa, de acuerdo con su situación contractual. En tanto, los agentes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval que prestan servicios en comisión deberán regresar a sus respectivas fuerzas. Una vez finalizada la liquidación, Defensa asumirá las obligaciones pendientes con el personal que no haya sido incorporado.
Una deuda millonaria y fuertes recortes en la estructura
La decisión se produce en medio de una crisis económica que compromete el funcionamiento de la cobertura médica militar. A comienzos de octubre, el Gobierno anunció que utilizaría fondos del Tesoro Nacional para afrontar una deuda estimada en $210.000 millones. El objetivo es regularizar los pagos mediante acuerdos con unos 2.000 proveedores y prestadores de salud.
Los compromisos pendientes alcanzan a clínicas, sanatorios, laboratorios, farmacias y profesionales médicos. También incluyen proveedores de prótesis, medicamentos e insumos esenciales. Los atrasos provocaron suspensiones de servicios y dificultades para acceder a tratamientos, afectando la atención de los afiliados.
La reestructuración contempla, además, el cierre de 30 farmacias propias que no se incorporaron a la nueva obra social. La medida se dispuso mediante una resolución del administrador de la liquidación, Gonzalo Secchi. Su implementación genera preocupación en las localidades donde esos establecimientos representan una alternativa cercana para conseguir medicamentos.
Otro de los cambios previstos es la reducción de personal contratado. Según resoluciones conocidas durante octubre, la dotación pasaría de aproximadamente 2.450 trabajadores a 1.000 desde febrero de 2027. Sin embargo, el decreto publicado este miércoles no establece una cantidad definitiva de empleados que serán transferidos.
Incertidumbre por la continuidad de las prestaciones médicas
El ajuste laboral y el cierre de dependencias se desarrollan mientras la nueva OSFA intenta recuperar su capacidad de atención. Durante las últimas semanas, el Ministerio de Defensa anunció pagos parciales a prestadores y nuevas negociaciones para restablecer servicios esenciales. No obstante, persisten reclamos por deudas y prestaciones interrumpidas en distintas provincias.
La situación también generó protestas de trabajadores estatales, que cuestionan la reducción de personal y advierten sobre sus posibles consecuencias para los afiliados. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que la reorganización podría dejar a más de mil empleados fuera de la nueva estructura. Por eso, reclaman garantías laborales y la continuidad de los servicios.
El decreto establece que los trabajadores de planta permanente con estabilidad que permanezcan en disponibilidad continuarán bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Esa situación se mantendrá hasta que se los reubique o se resuelva su baja conforme a la normativa vigente.
El proceso de liquidación tiene como fecha límite prevista el 4 de febrero de 2027. Hasta entonces, el Gobierno deberá avanzar en la reorganización administrativa y la regularización de las obligaciones financieras. La principal dificultad sigue siendo recuperar la atención médica de los afiliados, mientras se define una estructura más reducida para la nueva obra social.
