Leches medicamentosas: a 10 años de la ley, persisten trabas

Familias aún chocan con barreras para acceder a leches medicamentosas

NewsITe

A una década de la sanción de la Ley Nacional 27.305, que garantiza la cobertura gratuita de las leches medicamentosas por parte de obras sociales, prepagas y el Estado, cientos de familias en todo el país siguen denunciando obstáculos para acceder a estos insumos esenciales para la salud de sus hijos.

Las llamadas leches medicamentosas son fórmulas especiales indicadas en situaciones clínicas específicas, como trastornos del eje intestino-cerebro (cólicos, regurgitaciones, constipación), alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) y la alimentación de bebés prematuros, entre otras condiciones. Se trata de tratamientos nutricionales que sólo pueden ser indicados y supervisados por profesionales de la salud.

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Un informe reciente de la Asociación Leches Medicamentosas, al que accedió Noticias Argentinas, revela que sólo en los primeros nueve meses del año la entidad recibió y gestionó 1.185 reclamos administrativos y judiciales por falta de cobertura o demoras en la provisión. La cifra representa un aumento del 76% respecto del mismo período del año anterior, lo que evidencia un empeoramiento de la situación pese al marco legal vigente.

Qué dice la ley y cómo se vulnera en la práctica

La Ley 27.305 establece la obligación de brindar cobertura gratuita e integral de las fórmulas especiales, de acuerdo con la prescripción del médico tratante. Esto implica que no pueden fijarse topes de edad, reducir las cantidades indicadas ni acortar la duración del tratamiento por decisión administrativa. La decisión recae exclusivamente en el profesional de la salud, en función del diagnóstico y la evolución clínica del paciente.

Sin embargo, el relevamiento de la asociación y de la encuestadora IPSOS muestra una realidad distinta: tres de cada diez pacientes no acceden a una cobertura plena. Entre las trabas más habituales figuran rechazos de autorización sin fundamentos claros, pedidos reiterados de renovación de documentación, entrega de menos unidades que las prescriptas y demoras prolongadas en la entrega, que obligan a muchas familias a judicializar sus reclamos.

“Diez años después de la sanción de la ley, todavía tenemos que explicar que la cobertura debe ser del 100% y que no existe un número máximo de cantidades ni una edad a partir de la cual se pierde automáticamente ese derecho”, sostuvo el abogado Leandro Desplats, fundador de la Asociación Leches Medicamentosas. “La cantidad y duración del tratamiento deben responder a la indicación médica, no a restricciones administrativas ni a procedimientos burocráticos de las obras sociales o prepagas”, remarcó.

Falta de adhesión provincial y campaña de concientización

Otro problema central es que más de la mitad de las provincias argentinas todavía no adhirieron formalmente a la Ley 27.305. Esa falta de adhesión genera desigualdades en el acceso y deja a muchas familias sujetas a interpretaciones restrictivas o vacíos normativos a nivel local, pese a tratarse de una norma nacional que protege un derecho básico vinculado a la salud infantil.

En este contexto, la Asociación Leches Medicamentosas lanzó una campaña de concientización bajo la consigna: “No vamos a soplar las velitas. Las vamos a dejar encendidas hasta que la ley se cumpla”, en alusión al décimo aniversario de la norma. El objetivo es visibilizar la problemática, exigir el cumplimiento efectivo de la ley y promover la adhesión de todas las jurisdicciones del país.

  • La ley garantiza cobertura gratuita e integral de leches medicamentosas.
  • Más de la mitad de las provincias aún no adhirieron formalmente.
  • En nueve meses se registraron 1.185 reclamos, un 76% más que el año anterior.
  • Tres de cada diez pacientes no reciben cobertura completa, según IPSOS.

“Celebrar los diez años de una ley que protege la salud de nuestros hijos debería ser una buena noticia. Sin embargo, mientras haya familias que deban reclamar o incluso recurrir a la Justicia para acceder a un tratamiento que está garantizado por ley, seguirá existiendo una deuda pendiente”, advirtió Desplats, quien subrayó: “Trabajamos para que ninguna familia tenga que atravesar ese camino para conseguir la alimentación que sus hijos necesitan”.

Organizaciones de pacientes, especialistas en salud infantil y entidades de la sociedad civil coinciden en que el pleno cumplimiento de la ley es clave para garantizar el crecimiento y desarrollo adecuados de miles de niñas y niños que dependen de estas fórmulas para vivir con salud y dignidad. El desafío, remarcan, es transformar un derecho reconocido en la letra de la norma en una realidad efectiva para todas las familias, sin distinciones geográficas ni económicas.

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