El oficialismo busca dictamen para la ley de Defensa de la Soberanía
NewsITe
El oficialismo intentará este martes avanzar en la Cámara de Diputados con el dictamen del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que entre otros puntos endurece sanciones por la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas. Sin embargo, el escenario en el plenario de comisiones aparece complejo: todavía no están garantizadas las firmas necesarias y persisten diferencias con bloques aliados y de la oposición.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 16 en el Anexo C de la Cámara baja. La negociación es seguida de cerca por la Casa Rosada, que en este caso tomó la iniciativa y fijó los lineamientos centrales del texto, reservándose la última palabra sobre qué cambios aceptar.
Referentes del interbloque Fuerzas del Cambio (PRO y UCR) reconocen que hubo un avance parcial: el Gobierno accedió a modificar el polémico artículo 111, que originalmente abría la puerta a penalizar campañas de “desprestigio” y desinformación de forma amplia. A partir de los planteos opositores, se acotaron las figuras penales a tipos más definidos, inspirados en legislación comparada.
No tuvieron la misma recepción otras demandas, como la incorporación de dos diputados de la oposición al futuro Consejo de Seguridad Nacional. También genera reparos la posible superposición de roles entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en la protección de infraestructuras críticas, un punto sensible en la histórica delimitación entre defensa y seguridad interior.
Agenda legislativa condicionada y viaje a Estados Unidos
Aun si se alcanzara un dictamen esta semana, el camino hacia la aprobación en el recinto no luce despejado. El Gobierno prioriza la discusión del Presupuesto 2027 y, en un segundo plano, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, lo que podría postergar el debate de la ley de Defensa.
Además, el calendario parlamentario se ve alterado por la visita del Papa y los feriados previstos para el 9, 10 y 11 de noviembre en distintos distritos, lo que complica la planificación de sesiones. A esto se suma la agenda internacional: se espera que una comitiva de diputados de La Libertad Avanza viaje a Estados Unidos para seguir las elecciones de medio término del 3 de noviembre y respaldar a candidatos republicanos.
Qué propone la ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a reforzar las herramientas del Estado frente a amenazas externas y la explotación no autorizada de recursos estratégicos, en particular en el Atlántico Sur. Para ello deroga y reemplaza la Ley 26.659, ampliando el alcance de las prohibiciones.
- Penas más severas por Malvinas: prevé condenas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o cooperen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y áreas marítimas e insulares circundantes sin autorización argentina, además de inhabilitaciones para operar en el país.
- Alcance ampliado: las restricciones dejan de limitarse a hidrocarburos e incluyen cualquier recurso natural, renovable o no renovable, explotado sin aval de la Argentina.
- Registro público de infractores: personas y empresas sancionadas serán inscriptas en un padrón al que el Estado y los privados no podrán contratar.
- Juicio en ausencia: se incorpora esta figura para los delitos previstos en la nueva normativa, con el objetivo de avanzar incluso cuando los acusados no se presenten.
La iniciativa también crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe de Estado e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, los responsables de inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Ese órgano coordinará la acción diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y tendrá un rol central en la protección de infraestructuras críticas.
Facultades del Consejo y redefinición de la Defensa
Entre sus facultades, el Consejo podrá disponer medidas urgentes frente a amenazas graves e inminentes, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones y contratos, limitar importaciones y exportaciones o incrementar derechos aduaneros en forma transitoria.
- Se habilita, como último recurso y tras agotar un protocolo de actuación, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles.
- Se prohíben aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
- Se redefine el rol de la Defensa Nacional, permitiendo su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
- Se incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas y financieras con los inscriptos.
El oficialismo confía en avanzar con el dictamen, pero los tiempos políticos y la resistencia de sectores aliados abren un escenario de final abierto para la ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Con un clima de desconfianza cruzada y una agenda cargada, el desenlace del debate será una prueba clave para medir el respaldo legislativo a la estrategia del Gobierno en materia de soberanía, seguridad y política exterior.
