En la presente jornada miembros de la cámara que representa a las empresas de transporte del interior y dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor buscarán llegar a un entendimiento en paritarias, en medio de un paro por 72 horas lanzado para esta semana. El viernes pasado venció la conciliación obligatoria dictada por la cartera de Trabajo, que hoy podrá extenderla por otros cinco días.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), en su carácter de representante de los trabajadores, exige un incremento salarial del 50%, más algunos adicionales. Los empresarios del interior, aglutinados en la Fatap, ya dejaron en claro que no están en condiciones de pagar ese porcentual de incremento que se negocia en paritarias. Ni con los 3200 millones que reciben hoy ni con los 3500 que se les prometió para el trimestre abril-mayo-junio.
Este lunes habrá una nueva audiencia entre el gremio y los empresarios, y a diferencia de las anteriores será en formato presencial. Con las cartas que están hoy en la mesa, no habrá acuerdo. Con lo cual es muy probable que el Ministerio de Trabajo extienda la conciliación obligatoria por otros cinco días, a fin de desactivar el paro de 72 horas lanzado por la UTA para martes, miércoles y jueves. La cartera de Trabajo tiene la potestad de extender el período de negociación solo una vez.
Los empresarios ya solicitaron la extensión de la conciliación obligatoria que venció el viernes, y que durante diez días conminó –sin éxito– a que las prestatarias y el gremio llegaran a un acuerdo. Según supo este diario, la UTA acatará la extensión de la conciliación obligatoria, con lo cual la medida de fuerza por 72 horas anunciada quedará en suspenso.
El formato de reunión presencial se acordó a propuesta del máximo dirigente de UTA nacional, Roberto Fernández, ante la falta de una participación más activa del Ministerio de Transporte y del Comité Federal del Transporte (Cofetra) en el objetivo de resolver la problemática de fondo.
Insuficiente
La postura de la Fatap fue fijada en el acta de la audiencia anterior. “En el ámbito del Estado nacional no hemos encontrado satisfacción a nuestros requerimientos de un incremento sustancial en los aportes cuya insuficiencia hemos acreditado mediante informes técnicos proporcionados a las autoridades competentes”, sostuvieron desde la Federación, a la vez que lamentaron que “tampoco podemos esperar respuestas en este ámbito dado la inconcebible ausencia del Ministerio de Transporte en las últimas audiencias celebradas en este expediente”.
Para los empresarios del sector, los fondos correspondientes al Fondo Compensador del Transporte “son objeto de una distribución tardía, irregular, parcial y carente de toda transparencia”. Para los administradores de las empresas, la forma y los criterios de distribución de los subsidios “ocasionan serios perjuicios a las prestadoras, las que ven severamente dificultada la posibilidad de formular reclamos, atento la carencia de toda explicación técnica que sustente la distribución que se las practica”. “Las jurisdicciones provinciales parecen desinteresarse de la suerte de un sistema destinado a satisfacer las necesidades de movilidad de sus habitantes, a lo que se suma la total ausencia de respuestas y compromisos en la definición de los aportes que están dispuestas a formalizar para garantizar la prestación de los servicios”, expresaron desde Fatap. En ese contexto, los empresarios del transporte exigieron la continuidad del Fondo Compensador del Transporte, mediante la emisión de la nueva norma que reglamente y contenga la distribución de los fondos necesarios y suficientes para hacer frente a la paritaria en curso. Además, reclamaron la concreción por parte de las jurisdicciones provinciales de un aporte igual al cien por ciento (100%) de los importes aportados por el Estado nacional. Pero no es todo. Fatap también sostuvo que debe darse una revisión tarifaria. Piden “el reconocimiento de los costos operativos por parte de las jurisdicciones provinciales que permitan sostener los servicios, en función del impacto que el proceso inflacionario viene provocando en cada distrito, mediante la readecuación de las tarifas vigentes”.
