Las audiencias habían sido postergadas para fines de noviembre, lo que en su momento ocasionó el reclamo de celeridad de organizaciones y referentes religiosos y de Derechos Humanos. Ambos imputados tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar. Las audiencias serán en la sede del Juzgado Federal Nº 2 de nuestra ciudad.
De la Redacción de EL NORTE
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En el marco de la causa que investiga la muerte por causa dudosa de quien fuera Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Carlos Horacio Ponce de León, este jueves se tomarán las declaraciones indagatorias de Luis Antonio Martínez -conductor del vehículo que embistió al prelado- y de Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Será en la sede del Juzgado Federal Nº 2 de nuestra ciudad, Ameghino 387.
Las audiencias habían sido postergadas hasta el 24 de noviembre por una licencia del juez Carlos Alberto Vera Barros, lo que había ocasionado el reclamo de celeridad de organizaciones y referentes religiosos y de Derechos Humanos. Ambos imputados tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.
La Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como posible asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura militar, luego de que Ponce de León denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en Argentina.
Una reconstrucción realizada por computadora que permitió simular la mecánica del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la Ruta 9, los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado y las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado, fueron clave para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que en su momento había cerrado el caso el 19 de julio de 1978 en el expediente N° 1858 “Martínez, Luis Antonio S/ Homicidio y lesiones culposas”.
El requerimiento de instrucción fue formulado en 2004 en razón del conocimiento que se tomó del contenido de la declaración brindada por Víctor Oscar Martínez (el acompañante de Ponce de León el día del incidente investigado) ante la Conadep, oportunidad en la que manifestó que la muerte del prelado había sido producto de un obrar doloso pergeñado por parte de la dictadura militar instaurada en el país a partir del 24 de marzo de 1976 y no a causa de un accidente automovilístico como hasta ese momento se pensaba. Así, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación inició un largo camino de investigaciones en torno a la hipótesis del homicidio premeditado.
Urgencia
El presidente de la Confederación Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se manifestó días atrás luego de que se postergaran las indagatorias para noviembre próximo. “Ruego a Dios para que la Justicia realice su tarea con honestidad y veracidad y que en atención al tiempo que ha transcurrido y a la urgencia de alcanzar la verdad en el pleno cumplimiento de la ley, no se produzcan dilaciones que alejen el pleno esclarecimiento de lo acontecido”, sostuvo mediante una carta. El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, también se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hicieron: Adolfo Pérez Esquivel, el arzobispo de San Juan de Cuyo Mons. Jorge Lozano, el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina, Ramiro Varela de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia (CABA), el padre Nicolás Gómez de la Diócesis de San Nicolás -misionero ad gentes Comapa, Jutiapa, Guatemala- y las Hermanas del Carmelo de San Nicolás, entre otras personas.
Ya en junio de 2025 una comitiva había viajado de San Nicolás a Rosario -donde tramita el expediente actualmente- para entregar al Tribunal de Apelaciones una carta con 400 firmas, pidiendo por la necesidad urgente de celeridad en la investigación sobre la muerte del obispo.
Circunstancias que se investigan
La mañana del 11 de julio de 1977, camino a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de Ramallo, el vehículo en el que viajaba Carlos Horacio Ponce de León sufrió un incidente con una camioneta Ford F-100. El prelado se dirigía a entregar documentación de las personas desaparecidas de su diócesis ante la Conferencia Episcopal Argentina y la Nunciatura. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires –entre otros organismos del Estado y judiciales– ha expuesto que ya ´quedó acreditado de manera inequívoca que el obispo era objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos de la última dictadura´ y que ´se ha alcanzado el estado de sospecha necesario, sustentado en los elementos de prueba de instrucción, para pensar que se enmascaró el asesinato del obispo Ponce de León simulando un accidente automovilístico pergeñado por parte de las autoridades militares del Área Militar 132` (encabezadas por Manuel Fernando Saint Amant). Y que así, ´de las irregularidades que surgen de la investigación, se da sustento al requerimiento de las indagatorias´.
Imputados
Carlos Sergio Bottini, en el hecho a investigar, era acompañante de Luis Antonio Martínez en la camioneta Ford F-100 y figuraba como directivo de Agropolo S.A., titular registral de la camioneta que impactó en el Renault 4 de Ponce de León. En su testimonio brindado en sede prevencional y judicial, afirmó en el expediente 1858 no recordar nada de lo sucedido por haber sufrido –a causa de un accidente en 1971– una “epilepsia traumática”, aunque luego la investigación observó que no existe constancia que acreditara tal extremo. Bottini se identificó como directivo de Agropolo, firma con domicilio en la calle Viamonte 1866, de la Capital Federal, a muy pocos metros de la sede del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su pedido a que fueran convocados a prestar declaración indagatoria, destacó que todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón.
Luis Antonio Martínez dijo que él y su acompañante –Bottini– viajaban “por razones comerciales” de la empresa Agropolo S.A., propietaria de la pick-up.
