Empresarios locales en el centro del plan de privatizaciones
NewsITe
El avance del plan de privatizaciones y desinversión en empresas y activos estatales impulsado por el Gobierno nacional abrió la puerta a un nuevo mapa de poder en sectores estratégicos de la economía. Detrás de las licitaciones y adjudicaciones aparecen empresarios y grupos locales con fuerte capacidad financiera y experiencia en servicios públicos, energía y transporte.
En el caso de Aysa, la empresa de agua y saneamiento del Área Metropolitana, el consorcio adjudicatario firmará un contrato estimado en 340 millones de dólares. Entre sus integrantes se destaca Rowing SA, vinculada al empresario Walter Román, y Transclor SA, controlada por Mauricio Honesto Filiberti, quien además participa indirectamente en Edenor. Transclor ya tiene un rol relevante como proveedora de productos químicos para potabilización, un antecedente clave en este negocio.
Otro de los activos en juego son las Centrales Hidroeléctricas del Comahue (El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados). Una parte de este complejo quedó bajo control nacional, ya que Piedra del Águila fue adjudicada a la firma Central Puerto por 684,3 millones de dólares. La compañía tiene como principales accionistas a los empresarios argentinos Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, todos nombres de peso en el sector energético y financiero.
Transporte de energía y nuevos jugadores
El proceso también impacta en el transporte de energía eléctrica. La sociedad Citelec S.A. (Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A.), controlante de Transener S.A. —la principal transportista de energía en alta tensión del país—, registró el ingreso de nuevos socios. El 50% de la compañía se transfirió por 356,1 millones de dólares a un consorcio integrado por Genneia S.A. y Edison.
En ese holding aparecen el empresario mexicano David Martínez, a través de Fintech Advisory, y el fondo PointState Capital, que se asocian con referentes locales del negocio energético, entre ellos José Luis Manzano. De esta manera, el transporte de energía combina capitales externos con socios argentinos, en un rubro considerado clave para el desarrollo industrial y la estabilidad del sistema eléctrico.
Ferrocarriles de carga y servicios aeroportuarios en la mira
Otra de las empresas que transitarán el camino hacia la gestión privada es Belgrano Cargas. Tras la salida del Grupo México de la negociación, el proceso quedó, por ahora, sin grandes jugadores extranjeros. Pese a las críticas de algunos sectores empresarios, que consideran que los pliegos “son malos” y no ofrecen incentivos suficientes, el Gobierno decidió sostener el esquema original para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
En el radar oficial también se encuentra Intercargo, la compañía estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos del país. La administración de Javier Milei manifestó desde 2025 su intención de desprenderse de la firma, aun cuando presenta resultados superavitarios. Las autoridades siguen ajustando las condiciones de la licitación, que será clave para definir qué grupos se quedan con un negocio sensible para el sector aerocomercial.
ENARSA y el futuro de los activos energéticos
El capítulo energético no se agota en las centrales hidroeléctricas ni en el transporte en alta tensión. ENARSA, la empresa estatal dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica, también forma parte del paquete de activos a privatizar parcial o totalmente.
De acuerdo con trascendidos oficiales, durante 2026 se convocará a licitación para las centrales termoeléctricas Belgrano y San Martín, mientras que en el primer trimestre de 2027 se avanzaría con la Central Vuelta de Obligado. Además, el Gobierno prevé concesionar o asociar capital privado en los gasoductos de ENARSA, considerados un activo estratégico para la seguridad energética y las exportaciones de gas.
El rediseño del mapa empresario en agua, energía y transporte marcará el alcance real del programa de privatizaciones y el peso que conservará el Estado en sectores considerados estratégicos.
Con licitaciones en marcha y otras en preparación, el escenario muestra una combinación de grupos locales consolidados, capitales extranjeros selectivos y un Gobierno decidido a reducir su presencia directa en empresas clave, en medio del debate político y social sobre el modelo de desarrollo y el rol del sector privado.
