Un país dividido que vuelve a elegir su rumbo

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Brasil llega a la instancia decisiva de su proceso electoral con una grieta política y social que atraviesa todos los niveles de la vida pública. Entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva concentran más del 90% de los votos válidos de la primera vuelta, dejando al resto de los once candidatos en un lugar meramente testimonial. Sobre un padrón de 125 millones de votantes efectivos, cerca de 110 millones optaron por uno de los dos polos de la disputa, mientras 33 millones se quedaron al margen de las urnas.
El mapa electoral muestra con crudeza la existencia de dos “Brasiles”. En el Sur y el Oeste predominan los votos hacia la derecha representada por Bolsonaro, con mayor respaldo de sectores de ingresos medios y altos y de personas con estudios completos. En el centro y el nordeste, en cambio, se consolida el apoyo a Lula, impulsado sobre todo por franjas populares y sectores con menor nivel educativo. La geografía social refuerza esa fractura: hombres y jóvenes de entre 20 y 45 años se inclinan mayoritariamente por el postulante del Partido Liberal, mientras que las mujeres y los votantes de mayor edad muestran una preferencia más clara por el líder del Partido de los Trabajadores.
La división también se expresa en el plano religioso. Un Brasil evangélico, más conservador, se alinea detrás de Bolsonaro, heredero político del exmandatario preso por el intento de golpe de Estado de 2023. Del otro lado, un Brasil de mayoría católica se identifica con Lula, ex dirigente sindical metalúrgico que estuvo 580 días detenido por causas de corrupción que luego fueron anuladas por la Justicia. El enfrentamiento simbólico entre ambos modelos de país se extiende a la cultura popular: buena parte de las figuras del deporte, en especial del fútbol, se muestran cercanas al bolsonarismo, mientras que artistas, referentes de la cultura y de la ciencia se pronuncian, en su mayoría, por el expresidente petista.
Un Congreso más conservador y un giro de época
Más allá de quién resulte ganador, el próximo mandatario deberá lidiar con un Congreso claramente inclinado a la derecha. En la Cámara de Diputados, el Partido Liberal sumó 23 bancas y llegó a 121 sobre un total de 513, mientras que en el Senado casi duplicó su presencia hasta alcanzar 28 de los 81 escaños. Se trata de la representación más alta que un partido consigue en casi cuatro décadas, desde la Constitución de 1988. El PT, en cambio, apenas consiguió conservar su fuerza: mantiene nueve senadores y elevó levemente su bloque y alianzas en Diputados, de 82 a 88 bancas.
En este escenario, el llamado “Centrao” —un conjunto de fuerzas de centroderecha con fuerte capacidad de adaptación al clima político de turno— vuelve a aparecer como un actor clave. Con un triunfo de Bolsonaro, analistas consideran probable la consolidación de una coalición de derecha y centroderecha capaz de alcanzar una mayoría cómoda e incluso una “supermayoría” para impulsar reformas constitucionales. Lula, en cambio, enfrentaría un Parlamento mucho más hostil, con capacidad para frenar parte de su agenda y condicionar su gobernabilidad.
El giro conservador del Legislativo abre la puerta a cambios profundos en materia económica, social y ambiental. Entre las prioridades del bolsonarismo figura la posibilidad de reformar el Supremo Tribunal Federal (STF) y avanzar en la destitución del juez Alexandre de Moraes, señalado por sus decisiones contra el expresidente Jair Bolsonaro. El próximo gobierno tendrá margen para designar tres nuevos integrantes del STF, un dato central en la disputa institucional.
Seguridad, economía y medioambiente: los ejes del choque
La seguridad pública se instaló como uno de los temas determinantes de la campaña. En un país donde se esclarece apenas el 36% de los homicidios —aunque la tasa de asesinatos cayó a 19 cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo en años—, el discurso de mano dura ganó espacio. El bolsonarismo propone medidas extremas como la castración química para violadores y pedófilos y reivindica modelos carcelarios de alta rigidez, como el aplicado por Nayib Bukele en El Salvador, pese a la compleja realidad de las prisiones brasileñas, dominadas desde hace décadas por organizaciones como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho.
Incluso Lula se vio obligado a endurecer su discurso y no descartó bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años para delitos graves, un reclamo que históricamente abanderó la derecha. En el plano económico, las diferencias entre los dos proyectos también son fuertes: Bolsonaro y buena parte del Congreso que lo acompaña plantean un recorte del gasto público y una rebaja de impuestos para grandes empresas. El lulismo, en cambio, propone una reforma tributaria progresiva, con mayores gravámenes a las transacciones financieras y la defensa del gasto social como motor de inclusión.
La Amazonia y la política ambiental constituyen otro frente de choque. El modelo bolsonarista impulsa una mayor flexibilización de los controles y la expansión de la frontera productiva, lo que genera fuertes tensiones con los pueblos originarios y organizaciones que reclaman la preservación del bioma amazónico. Del lado de Lula, el énfasis está puesto en la protección del medioambiente y en políticas alineadas con la agenda climática global. Pero en un Parlamento donde se calcula que el 80% de los senadores y el 70% de los diputados rechazan las políticas ambientales más estrictas, ese camino aparece empinado.
Dos “Brasiles” antagónicos se disputan no sólo el resultado de una elección, sino el modelo político, social y económico que marcará el rumbo del país en los próximos años.
Con un Congreso históricamente conservador y una sociedad partida en dos bloques casi irreconciliables, el desenlace de estas elecciones definirá mucho más que un mandato presidencial. De un lado, un Brasil que empuja reformas de mano dura, ajuste fiscal y apertura a los intereses del agro y las grandes empresas. Del otro, un Brasil que busca recomponer el tejido social, reforzar el Estado de bienestar y preservar sus recursos naturales. El voto será, en definitiva, la forma en que la ciudadanía intente reconciliar —o profundizar— esa fractura.

