Según un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el número de mujeres protegidas frente a embarazos no intencionales ha pasado de 1,2 millones en 2024 a una previsión de 63.000 en 2026, lo que supone una caída del 93%. Estima, además, 452 muertes maternas y 2600 muertes neonatales potencialmente evitables. El relevamiento advierte diferencias en la disponibilidad de insumos y servicios.
De la Redacción de EL NORTE
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El presupuesto público en salud sexual y reproductiva en la Argentina se ha recortado un 57% desde 2023, año en el que Javier Milei llegó a la presidencia, según un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). El informe anual de Proyecto Mirar revela que el recorte del programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable ha estado acompañado de una reducción en la compra de métodos anticonceptivos por parte del Estado. De acuerdo con sus estimaciones, el número de mujeres protegidas frente a embarazos no intencionales ha pasado de 1,2 millones en 2024 a una previsión de 63.000 en 2026, lo que supone una caída del 93%.
El retroceso en salud sexual y reproductiva coincide con la caída de Argentina en el Índice Global de Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial (WEF), en el que ha descendido ocho posiciones, del puesto 37 al 45 entre 145 países, con una puntuación de 0,751 frente al 0,762 de 2025. El país registra sus mayores brechas de género en la participación económica y el empoderamiento político de las mujeres, mientras mantiene la paridad absoluta en educación.
Las reducciones presupuestarias dejan, según el estudio, a 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales. Los autores estiman, mediante una modelización, que los recortes pueden provocar 240.000 embarazos no intencionales adicionales y 112.000 abortos que podrían haberse evitado.
Prevé, además, 452 muertes maternas y 2600 muertes neonatales potencialmente evitables. Se trata de proyecciones realizadas a partir de los cambios en la cobertura anticonceptiva, no de muertes o abortos registrados como consecuencia de esos recortes.
En paralelo, el informe contabilizó 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE) en 20 provincias durante 2025, en el subsector público. La cifra no muestra cambios significativos respecto de 2024 en esas mismas jurisdicciones. La tasa estimada fue de 7,45 abortos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente igual a la registrada en 2023 (7,49), último año con información para todas las jurisdicciones. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba concentraron el 72 % de las interrupciones informadas.
MENOS INSUMOS
El relevamiento advierte, sin embargo, sobre diferencias en la disponibilidad de insumos. Ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra de medicamentos para los servicios de aborto, 13 provincias continúan el acceso con presupuesto propio.
El informe señala que el desempeño fue heterogéneo según los insumos y las jurisdicciones.
En 2025 había, asimismo, 1846 efectores del sistema público que garantizaban el acceso a la IVE/ILE. La mayoría de los procedimientos se realizaron con medicamentos y, en 11 provincias, al menos el 90% de las interrupciones se efectuaron hasta las 12 semanas de gestación.
Los investigadores también registraron barreras para acceder a la información. Solo seis jurisdicciones contaban con un teléfono gratuito, WhatsApp o correo electrónico específico para consultas sobre IVE/ILE.
DIFICULTADES EN ACCESO AL ABORTO
En la línea nacional 0800SaludSexual, las consultas vinculadas con interrupciones del embarazo representaron el 94% de las llamadas, y la mayoría correspondió a personas que reportaban dificultades para acceder a los servicios.
El reporte fue elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública realizados a las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, complementados con otras fuentes públicas. Los datos sobre abortos corresponden a 20 provincias y no incluyen información del sector privado ni de obras sociales.
Argentina cuenta, desde 2021, con la entrada en vigencia de la Ley 27.610, que permite el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación.
CAÍDA EN EL ÍNDICE DE BRECHA DE GÉNERO
Argentina cayó ocho posiciones en el Índice Global de Brecha de Género 2026 y se ubicó en el puesto 45 entre 145 países. El país registra sus mayores brechas en participación económica y empoderamiento político, mientras que mantiene la paridad absoluta en educación, según el informe elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).
El país obtuvo un puntaje general de 0,751, frente al 0,762 registrado en 2025, cuando había ocupado el puesto 37.
El índice mide las brechas entre mujeres y varones en cuatro dimensiones: participación y oportunidades económicas, nivel educativo, salud y supervivencia, y empoderamiento político.
La participación y las oportunidades económicas continúan siendo la dimensión con mayor brecha. Argentina obtuvo un puntaje de 0,660 y se ubicó en el puesto 107.
La participación en la fuerza laboral alcanza al 53% de las mujeres frente al 72% de los varones, según el informe.
La diferencia también aparece en los ingresos estimados: los de las mujeres equivalen aproximadamente al 58% de los varones, con unos 19.000 frente a 33.000 dólares, una medida ajustada por paridad de poder adquisitivo.
En empoderamiento político, la Argentina obtuvo un puntaje de 0,369 y se ubicó en el puesto 30, por debajo del resultado de 2025, cuando había registrado 0,409 y alcanzado el puesto 27.
En los puestos legislativos, altos funcionarios y gerentes, las mujeres representan aproximadamente el 32%, frente al 68% de los varones. En el Congreso, las mujeres representan aproximadamente el 41% frente al 59% de los varones, ya que existe una ley de paridad que exige que las listas de candidatos estén integradas por mujeres y varones de manera intercalada. Y en los cargos ministeriales la participación de las mujeres desciende al 22%, frente al 78% de los varones.
El Índice Global de Brecha de Género 2026 corresponde a la vigésima edición del informe y analiza 145 economías a partir de los datos disponibles para cada país.
En cuanto al Presupuesto 2027 en materia de género y salud sexual, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), elaborado sobre la base de datos oficiales del Ministerio de Economía, anticipó una consolidación de las bajas presupuestarias. Por tercer año consecutivo, el Programa Acompañar y la Línea 144 no figuran como partidas específicas; asimismo, el conjunto de acciones para víctimas de violencia y la Ley Brisa acumula una reducción cercana al 89% respecto de 2023.
La Educación Sexual Integral (ESI) y el Programa de Salud Sexual también pierden peso: la partida para ESI cae más del 98% frente a 2023, tanto en fondos como en metas físicas de docentes capacitados y provincias asistidas.
