La directora de la empresa que presta el servicio de transporte público de pasajeros en San Nicolás advierte que el aumento en las transferencias resuelto por el Gobierno para los meses de abril, mayo y junio “es insuficiente”. “No alcanza para cubrir el impacto salarial. Y no vamos a cerrar paritarias con esta resolución”, dijo. “La desigualdad sigue siendo brutal. Mientras a las empresas del AMBA le destinan 19.000 millones de pesos al resto del interior solo enviarán 3500 millones”, explica. Los empresarios de la Fatap evalúan solicitar un nuevo aumento de tarifas.
De la redacción de EL NORTE
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Las posiciones están tan firmes como distantes, y nada hace suponer que pueda producirse un acercamiento que destrabe el conflicto que atraviesa el sistema de transporte en el interior del país. El Gobierno nacional se movió primero, pero la jugada no va a desatar el nudo: a través de la cartera de Trabajo anunció un incremento en los montos que transfiere a las empresas del interior del país, de 3200 a 3500 millones de pesos mensuales, para el trimestre abril-mayo-junio. Los empresarios habían solicitado 3800 millones, fundamentalmente para hacer frente a la actualización de salarios.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), en su carácter de representante de los trabajadores, exige un incremento salarial del 50%, más algunos adicionales. Los empresarios del interior, aglutinados en la Fatap, ya dejaron en claro que no están en condiciones de pagar ese porcentual de incremento que se negocia en paritarias. Ni con los 3200 millones que reciben hoy ni con los 3500 que se les prometió para el trimestre mencionado más arriba.
Este lunes habrá una última audiencia entre el gremio y los empresarios. Con las cartas que están hoy en la mesa, no habrá acuerdo. Con lo cual es muy probable que el Ministerio de Trabajo extienda la conciliación obligatoria por otros cinco días, a fin de desactivar el paro de 72 horas lanzado por la UTA para martes, miércoles y jueves. La cartera de Trabajo tiene la potestad de extender el período de negociación solo una vez.
Los empresarios ya solicitaron la extensión de la conciliación obligatoria que venció el viernes, y que durante diez días conminó –sin éxito– a que las prestatarias y el gremio llegaran a un acuerdo. Según supo este diario, la UTA acatará la extensión de la conciliación obligatoria, con lo cual la medida de fuerza por 72 horas anunciada quedará en suspenso. “Yo imagino un escenario que no será bueno. Y me pregunto, ¿cómo sigue la película después de esos cinco días?”, advirtió Lorena Vercelli, directora de la empresa concesionaria del servicio en San Nicolás y otros distritos de la región.
Lunes clave
A diferencia de las precedentes, la audiencia de este lunes será presencial. Esto se acordó a propuesta del máximo dirigente de UTA nacional, Roberto Fernández, ante la falta de una participación más activa del Ministerio de Transporte y del Comité Federal del Transporte (Cofetra) en el objetivo de resolver la problemática de fondo.
“La resolución de aumento de transferencias publicada por Transporte se decidió unilateralmente. Ni siquiera a la Fatap recibieron. Y lo que deja claro esa resolución es que siguen marcando las diferencias con AMBA. Los 3500 millones de pesos anunciados para los meses de abril, mayo y junio no solo son insuficientes, sino que también llegan con mucho retraso. Hay jurisdicciones que recién la semana pasada cobraron lo correspondiente a enero, con un 10 por ciento menos en relación con los 3200 millones que se deben recibir. Y no nos dicen qué pasó”, explicó Lorena Vercelli en el programa «Pila & Media» (Radio U).
“Ahora han resuelto transferir 3500 millones, lo cual no alcanza para cubrir el impacto salarial. Y no se va a resolver paritarias con esta resolución que es un disparate”, avisó.
“En estas condiciones el sistema es inviable. Lo que se envía para cubrir salarios no alcanza. Y los mayores costos son inmanejables porque, por ejemplo, el combustible aumenta una vez por mes”, asegura Vercelli.
Génesis del problema
El desajuste en el sistema comienza a producirse en 2018 cuando, en el marco del Pacto Fiscal impulsado por el entonces presidente Mauricio Macri, el Gobierno nacional transfiera a las provincias la responsabilidad de financiar el 50 por ciento del sistema de transporte. Es decir que las provincias, algunas más pobres que otras, debían subsidiar buena parte del sistema.
“Lo tuvimos muy claro desde el principio, y lo vivimos como un drama porque era una locura que el Estado nacional considerara que un servicio como el transporte público pasara a ser responsabilidad de gobernadores, fundamentalmente por las desigualdades reales en materia de recursos que existen entre una provincia y otra. Desde el primer momento tuvimos claro que era instalar una desigualdad muy grande”, responde Lorena Vercelli en una mirada retrospectiva a 2018. “Las consecuencias son las que hoy padecemos: nadie se hace cargo de nada. Hoy está faltando gestión, de gobernadores y de todos los que son parte del problema”, agregó.
En este contexto, hay ciudades en la que empresarios e intendentes están evaluando cubrir los crecientes mayores costos con un nuevo aumento de tarifas, cuando las tarifas se actualizaron en febrero pasado.
“No es que lo estemos evaluando nosotros, aquí, en San Nicolás. Lo están evaluando en conjunto todas las empresas del interior del país. Y se está conversando con los intendentes, como es el caso de Córdoba, Rosario, Santa Fe y, ahora, también en Paraná. En todas esas ciudades se está analizando llevar la tarifa a entre 70 y 75 pesos”, aseguró Lorena Vercelli.
