La entidad, que cuenta con el respaldo de la Sociedad Rural de San Pedro, expresó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte bonaerense de investigar la actuación de la funcionaria judicial. El pronunciamiento se conoció luego de la absolución del dirigente de Camioneros en la causa por el bloqueo a la distribuidora Rey.
El Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA) manifestó su respaldo a la fiscal María del Valle Viviani y cuestionó con dureza la decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de impulsar una investigación sobre su desempeño. En un comunicado difundido el 22 de octubre, la entidad advirtió sobre las consecuencias institucionales que, a su entender, puede generar este tipo de decisiones y denunció un avance del “garantismo extremo”.
El pronunciamiento se produjo en medio de la polémica por la absolución de Maximiliano Cabaleyro, dirigente del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, en el juicio por los hechos denunciados por los propietarios de Rey Distribución, una empresa de San Pedro.
En ese contexto, FOSERA defendió la actuación de Viviani y sostuvo que la fiscal intervino frente a hechos que afectaron a una comunidad comercial y perjudicaron la actividad económica.
La organización expresó su “enérgico repudio” a la decisión del máximo tribunal provincial y respaldó “categóricamente” a la funcionaria, a quien atribuyó la decisión de actuar frente a situaciones que consideró ilegales.
“Resulta inadmisible que quien enfrenta el delito termine bajo investigación, mientras quienes atropellan derechos pretenden convertir sus acciones en moneda corriente”, señaló el documento.
Advertencias por el impacto institucional
En el comunicado, el Foro cuestionó lo que definió como un “garantismo extremo” y planteó que, cuando las garantías judiciales pierden de vista a las víctimas, pueden terminar desprotegiendo a quienes cumplen la ley.
“Estas señales profundizan la desconfianza en la Justicia y alimentan el avance de una anomia que amenaza con llevar a la Provincia a crear una jurisprudencia errónea donde el Estado retrocede y la ley pierde autoridad”, sostuvo la entidad.
FOSERA también manifestó su preocupación por el efecto que estas decisiones pueden tener sobre la credibilidad de las instituciones y la respuesta estatal frente a situaciones que afectan derechos individuales y actividades económicas.
“No aceptamos una Justicia que intimide a quienes actúan y termine favoreciendo, en los hechos, a quienes atropellan la ley”, afirmó el Foro, que además cuestionó la impunidad y los privilegios que, según su postura, afectan a la sociedad.
En el tramo final del documento, la organización sostuvo que la función de la Justicia debe ser proteger a los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley.
“Cuando hacer cumplir la ley se convierte en motivo de sospecha, el problema ya no es solamente judicial: es institucional y republicano”, concluyó el comunicado, fechado en Buenos Aires el 22 de octubre de 2026.
La causa que generó la controversia
El pronunciamiento se suma a las repercusiones por el fallo que absolvió a Cabaleyro en la causa vinculada con el bloqueo a la distribuidora Rey, de San Pedro. El proceso judicial examinó hechos denunciados por los responsables de la firma, en el marco de un conflicto sindical que afectó el funcionamiento de la empresa.
La resolución generó cuestionamientos de distintos sectores y abrió una nueva discusión sobre el alcance de las medidas sindicales, la protección de los derechos de las empresas y el papel de los funcionarios judiciales en la investigación de estos episodios.
Mientras continúan las repercusiones, el comunicado de FOSERA incorpora la mirada de las organizaciones vinculadas con la seguridad rural y la actividad productiva, que reclaman una respuesta judicial que, desde su perspectiva, garantice la protección de las víctimas y evite que las acciones ilegales queden sin consecuencias.
