Críticas al Gobierno y expectativas por el debate en el Senado
NewsITe
El Foro Permanente de Discapacidad calificó como “un paso importantísimo” la media sanción en Diputados de la nueva ley de protección social de la Discapacidad, pero advirtió que la situación cotidiana de las personas con discapacidad en la Argentina sigue siendo crítica. Falta de inversión, atrasos en pagos a prestadores, demoras en la entrega de medicamentos y pensiones, y una fuerte disparidad entre provincias configuran un escenario que las organizaciones describen como de emergencia permanente.
La nueva norma, que ahora deberá ser tratada por el Senado, recupera puntos que habían quedado afuera del primer proyecto oficial y obtuvo un respaldo casi unánime en la Cámara baja. Para el presidente del Foro, Pablo Morelo, ese apoyo político le da “fortaleza” al texto, pero no garantiza por sí mismo cambios concretos en la vida de las personas. El organismo insiste en que la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, debe traducirse en acciones efectivas y presupuesto suficiente.
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Morelo remarcó que “una cosa es lo que se dice en Diputados y otra es que el Poder Ejecutivo se ponga a trabajar”. Señaló que, pese a los compromisos expresados durante el debate presupuestario, aún no se corrigieron artículos que perjudican la cobertura de discapacidad ni se actualizaron los aranceles como reclaman los prestadores. Según los cálculos del sector, los valores están atrasados al menos un 30%, lo que dificulta sostener las prestaciones y amenaza la continuidad de servicios esenciales.
Medicamentos, pensiones y obras sociales bajo presión
Uno de los puntos más sensibles es la entrega de medicamentos, pañales y otros insumos para personas con discapacidad que dependen del Estado nacional. El Foro advierte que los atrasos, que se arrastran desde el gobierno anterior, se profundizaron en la actual gestión. A esto se suman las denuncias por compras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivaron en una intervención judicial sin que, hasta el momento, se haya normalizado el suministro.
También preocupa el freno en el otorgamiento de nuevas pensiones por discapacidad. Detrás de cada trámite, recuerdan, suelen aparecer familias en situación de alta vulnerabilidad que no solo necesitan el ingreso económico, sino también el acceso a medicamentos, tratamientos y apoyos que dependen de esa cobertura. La falta de pensión implica, en la práctica, quedar fuera de gran parte de los derechos reconocidos por la propia legislación.
El sistema de obras sociales atraviesa, a su vez, tensiones por la falta de recursos en el Fondo Solidario de Redistribución, que financia parte de las prestaciones de discapacidad. Los sindicatos ya advirtieron que el dinero no alcanza y que, sin una decisión política clara del Gobierno o del Congreso, se avecinan más conflictos para quienes tienen cobertura social pero enfrentan demoras o recortes en los servicios.
Desigualdad entre provincias y críticas al enfoque oficial
El Foro de Discapacidad también puso la lupa sobre el rol de las provincias. Si bien el Gobierno nacional mantiene obligaciones centrales, muchas personas dependen exclusivamente de sistemas provinciales o municipales. Sin embargo, son pocas las jurisdicciones que invierten de manera sostenida en atención, rehabilitación y apoyos, y varias de las que alguna vez lo hicieron retrocedieron con las sucesivas crisis económicas.
La concentración de servicios en la Ciudad de Buenos Aires y algunas grandes urbes deja a amplias zonas del país, sobre todo rurales, prácticamente sin respuesta. Organizaciones del sector reclaman una mirada verdaderamente federal, planificación a largo plazo y coordinación entre Nación y provincias para evitar que las personas con discapacidad queden atrapadas en un laberinto burocrático sin soluciones reales.
Morelo fue especialmente crítico con el clima discursivo instalado desde el inicio de la actual gestión, al recordar las acusaciones sobre “pensiones truchas” y certificados irregulares. Sostiene que este enfoque alimentó prejuicios sociales, justificó la falta de inversión y retrasó decisiones clave. “No ha habido ninguna política positiva de desarrollo de este Gobierno para las personas con discapacidad”, resumió, al tiempo que convocó a seguir presionando desde las organizaciones, las familias y los prestadores para que la ley se cumpla en los hechos y no quede solo en el papel.
“La emergencia no se reduce a una ley, la emergencia es lo que vive la gente día a día”, advirtió el Foro Permanente de Discapacidad.
