Los análisis genéticos permitieron restituir la identidad de ocho desaparecidos cuyos restos aparecieron en fosas clandestinas dentro del predio cordobés. Todas habían sido secuestradas durante 1976 y permanecieron durante décadas enterradas como NN.
Ocho familias recibieron en las últimas horas una respuesta que esperaban desde hacía casi medio siglo. La Justicia Federal de Córdoba confirmó la identidad de nuevas víctimas de la última dictadura militar cuyos restos aparecieron en el predio de La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron en el país.
Con estas identificaciones, la cantidad de personas reconocidas a partir de los trabajos realizados en el lugar llegó a 38. El avance surgió del estudio de restos recuperados en la zona conocida como Loma del Torito, dentro del complejo donde operó el aparato represivo durante el terrorismo de Estado.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja comunicó los resultados y detalló el trabajo que permitió llegar a cada nombre. La investigación combinó excavaciones, análisis antropológicos y cotejos de ADN con muestras aportadas por familiares de personas desaparecidas.
El Equipo Argentino de Antropología Forense encabezó las tareas junto con especialistas del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. También participaron profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el perito Guillermo Sagripanti.
Ocho nombres restituidos después de cinco décadas
Entre las víctimas identificadas aparece Néstor Albino Acosta, de 21 años, trabajador ferroviario de la línea Mitre. Lo secuestraron el 16 de junio de 1976.
Pascual Delfín Ludueña tenía 29 años, trabajaba en la planta de Fiat Concord y se desempeñaba como delegado sindical. Su secuestro ocurrió el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado.
Claudio Norberto Nardini era empleado de SanCor y militante gremial. Lo secuestraron el 23 de abril de ese año. Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila, psicóloga y militante de la Organización Comunista Poder Obrero, fue capturada el 14 de agosto frente a su hija.
La Justicia también logró identificar a Mónica Protti de Guillén, maestra y militante del Partido Comunista, y a Mercedes del Valle Ramírez, estudiante secundaria desaparecida desde el 3 de julio de 1976. La nómina incluye además a María Luisa Salto, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y militante de la Juventud Universitaria Peronista.
El octavo nombre corresponde a Juan Carlos Soulier, trabajador electricista. Lo secuestraron el 15 de agosto de 1976 junto con su esposa y su hijo de cinco meses. La familia pudo recuperar al niño, que años después se incorporó como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad.
El trabajo sobre las fosas de Loma del Torito
Los restos analizados formaban parte de los hallazgos realizados en el sector de Loma del Torito. Allí, los investigadores localizaron enterramientos clandestinos vinculados con secuestros y desapariciones cometidos durante 1976.
La pesquisa también permitió reconstruir intentos posteriores por eliminar evidencias. Vaca Narvaja explicó que en 1979, antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectivos militares removieron parte del terreno con maquinaria y camiones.
Pese a esas maniobras, los avances en genética y antropología forense permitieron recuperar información incluso a partir de pequeños fragmentos óseos. Los especialistas continúan procesando material encontrado en nuevas excavaciones realizadas durante 2026.
Las familias siguen aportando muestras
El cruce de ADN con familiares volvió a resultar decisivo para establecer las identidades. Por ese motivo, la Justicia y el EAAF mantienen abierta la convocatoria para quienes tengan familiares desaparecidos y todavía no hayan aportado muestras genéticas.
Cada nuevo cotejo amplía las posibilidades de identificar los restos que aún permanecen sin nombre. La investigación sigue abierta y los equipos continúan trabajando sobre el material recuperado en el predio de La Perla.
