El gasto en la vejez resiste el ajuste fiscal y condiciona las cuentas públicas
NewsITe
El fuerte ajuste fiscal encarado por el gobierno de Javier Milei redujo buena parte del gasto público, pero no logró revertir una tendencia de largo plazo: el peso creciente de las erogaciones destinadas a jubilaciones y al PAMI. De acuerdo con un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), el gasto para la vejez es hoy un 73% superior al promedio registrado en la década de 1980, medido como proporción del Producto Bruto Interno (PBI).
El estudio advierte que, mientras el resto del gasto público se comprimió hasta ubicarse apenas 5% por encima de los niveles de los años ’80, las partidas previsionales y de salud para adultos mayores mantuvieron una trayectoria ascendente. “Postergar la adaptación de las coberturas para la vejez a la dinámica demográfica lleva a descuidar otras funciones esenciales del Estado”, plantea IDESA en su análisis.
Al comparar la evolución histórica, el informe toma como base 100 el promedio de gasto de la década del 80. Para 1995, el gasto para la vejez se ubicó en un índice de 163, mientras que el resto del gasto público cayó a 94. En 2017, el gasto en jubilaciones y PAMI alcanzó un pico de 220, a la vez que el resto del presupuesto escaló a 137. Tras el ajuste aplicado en 2024, esas variables se ubican en 173 para la vejez y 105 para el resto del gasto estatal.
Un sistema previsional tensionado por la demografía y la inflación
IDESA recuerda que la última reforma estructural del sistema previsional argentino se implementó en 1993. Desde entonces, los sucesivos gobiernos –más allá de su orientación ideológica– evitaron cambios de fondo y recurrieron, según el informe, a la licuación del gasto a través de la inflación y a la manipulación de la fórmula de movilidad para ajustar haberes y prestaciones.
En el terreno de la salud, el centro de estudios subraya que el PAMI no fue rediseñado desde su creación en 1971, pese al envejecimiento de la población y al cambio en el perfil epidemiológico. Esta falta de adecuación, sostiene el reporte, derivó en coberturas acotadas y en una mayor presión sobre los hospitales públicos provinciales, que terminan absorbiendo parte de la demanda de atención de las personas mayores.
Frente a la idea de que el crecimiento económico o una futura reforma laboral podrían, por sí solos, resolver el desequilibrio del sistema, IDESA considera que se trata de una visión equivocada. “Demorar la adaptación del sistema de la vejez bajo el argumento de que con el retorno del crecimiento económico y la reforma laboral habrá más recursos es un grave error”, concluye el documento.
Las medidas que propone IDESA para la sustentabilidad
Con el foco puesto en la sostenibilidad de mediano y largo plazo, el informe sugiere avanzar en una agenda de reformas tanto en el sistema previsional como en el sanitario, basada en tres ejes centrales:
- Cuentas nocionales: calcular los haberes jubilatorios según los aportes efectivamente realizados durante toda la vida activa y la expectativa de vida al momento del retiro, buscando una relación más directa entre contribuciones y beneficios.
- Revisión de la pensión derivada: transformar este beneficio en una cobertura voluntaria, financiada mediante un aporte específico, para reducir la carga automática sobre el sistema general.
- Reforma del sistema de salud: permitir que las personas mantengan su obra social de la etapa activa una vez jubiladas y adecuar el Programa Médico Obligatorio (PMO) a los recursos realmente disponibles, con criterios de priorización explícitos.
Desde la óptica de IDESA, encarar estas transformaciones resulta clave para compatibilizar la protección de los adultos mayores con la necesidad de recuperar capacidad de acción del Estado en otras áreas sensibles, como educación, infraestructura y seguridad. En un contexto de ajuste y restricciones fiscales, el debate sobre cómo financiar la vejez sin desatender el resto de las políticas públicas vuelve a ubicarse en el centro de la agenda económica.
