Diputados dio media sanción a la figura de vandalismo rural
NewsITe
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que incorpora al Código Penal la figura de vandalismo rural, con penas que en los casos más graves podrán llegar hasta los 10 años de prisión. La iniciativa busca dar una respuesta específica a los ataques contra la producción agropecuaria, como la destrucción de silobolsas, instalaciones y equipos esenciales para la actividad en el campo.
El dictamen obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, la del diputado de Unión por la Patria (UxP) Luis Basterra. El texto fue finalmente consensuado entre el autor del proyecto, el legislador del PRO Martín Ardohain, y el diputado del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez, lo que permitió incorporar modificaciones y precisiones técnicas a la redacción original.
Respaldaron la propuesta los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo. En cambio, fue rechazada por la mayoría de los diputados de Unión por la Patria, la izquierda e integrantes del bloque Independencia, que cuestionaron el enfoque punitivo de la norma y su impacto sobre los conflictos por la tierra.
Qué prevé el nuevo delito de vandalismo rural
El proyecto establece que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año quien ingrese a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La pena se elevará hasta 2 años de cárcel cuando ese ingreso obstaculice de manera sustancial la actividad productiva o ponga en peligro concreto la vida o la integridad física de las personas presentes, o la sanidad de los animales y cultivos, siempre que la conducta no configure un delito más grave.
Para los casos de destrucción de bienes clave para la producción, el texto fija penas de 2 a 8 años de prisión y una multa de 3 a 12 veces el valor del daño para quien destruya silobolsas u otros productos que integren el proceso productivo agropecuario. Se apunta especialmente a ataques que provoquen pérdidas económicas significativas para productores y empresas del sector.
La escala penal se agrava hasta los 10 años de prisión cuando el delito sea cometido por tres o más personas organizadas y se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización. Con este esquema, el oficialismo y buena parte de la oposición buscan desalentar ataques coordinados que, en los últimos años, generaron preocupación en distintas provincias agrícolas.
Argumentos a favor y en contra durante el debate
Al defender la iniciativa, el diputado del PRO Martín Ardohain sostuvo que el proyecto “fue enriquecido” en la discusión parlamentaria y destacó que viene a “cubrir vacíos legales del Código Penal”, incorporando daños a bienes que en 1921 no existían, como silobolsas, pantallas solares, bombas sumergibles y equipos de riego. “Hoy, quien daña una bomba sumergible pone en riesgo toda la explotación”, remarcó.
Desde Unión por la Patria, el massista Ramiro Gutiérrez también respaldó la medida al señalar que la Argentina “necesita incorporar a su ley penal el delito de vandalismo rural”, algo en lo que —dijo— vienen trabajando desde hace tiempo en el Frente Renovador. En la misma línea, el legislador de Provincias Unidas Sergio Capozzi celebró que la norma “viene a cubrir un vacío legal fundamental”, al entender que el vandalismo, el robo, el hurto y la usurpación “deben tipificarse como delitos y no como meras infracciones”.
- El radical Darío Schneider advirtió que los hechos de vandalismo rural no solo dañan el patrimonio de los productores, sino que afectan las fuentes de trabajo en el interior del país.
- El libertario entrerriano Francisco Morchio remarcó que la figura está pensada para el productor y el trabajador que viven lejos de una comisaría, transformando una contravención en un delito penal agravado según el daño causado.
“Cuidar la producción agropecuaria es fundamental para garantizar la generación de empleo”, subrayó el radical Darío Schneider durante el debate en el recinto.
Desde la vereda opuesta, la diputada de izquierda Myriam Bregman rechazó el proyecto al considerar que apunta a “blindar a las grandes corporaciones y a los grandes propietarios de la tierra” y lo enmarcó en lo que definió como parte de un “armado de Estados Unidos para la recolonización de nuestra región”. Pese a esas críticas, la mayoría se inclinó por avanzar con la tipificación del vandalismo rural, que ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
