Debate caliente en Diputados por propiedad privada y tierras rurales
NewsITe
La Cámara de Diputados de la Nación debatía este lunes, en una sesión especial, el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Gobierno nacional, una iniciativa que llegó con cambios desde el Senado y que ahora incorpora nuevamente la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011 durante el kirchnerismo.
El texto que se analiza en la Cámara baja arriba con media sanción, pero profundamente recortado tras el paso por el Senado, donde la oposición peronista logró eliminar el capítulo que pretendía derogar la Ley de Tierras Rurales y también el vinculado a la Ley de Manejo del Fuego. Ante la amenaza de que se cayera por completo el DNU 70/23, el oficialismo optó por un giro político y ahora busca restituir la normativa que había intentado suprimir.
Con la reincorporación de la Ley de Tierras, se ratifican los límites del 30% a la extranjerización de la superficie a nivel nacional, provincial y departamental, así como el tope de 1000 hectáreas para la compra por parte de extranjeros en las zonas núcleo del país, en espejos de agua relevantes y en áreas de frontera, consideradas estratégicas en términos de soberanía.
Alcances del proyecto y cambios en expropiaciones y desalojos
La versión acotada del proyecto sobre propiedad privada mantiene capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de inmuebles. Además, introduce cambios en la normativa de desalojos con el objetivo de acelerar los tiempos judiciales para restituir propiedades usurpadas o con tenencias irregulares, uno de los puntos más polémicos del debate por su impacto social.
Desde el oficialismo, el miembro informante del dictamen, Santiago Santurio (La Libertad Avanza), sostuvo que con esta iniciativa se comienza a “respetar el derecho a la propiedad” de manera efectiva. Según el legislador, el endurecimiento de las reglas sobre usurpaciones busca desalentar ocupaciones ilegales y dar mayor previsibilidad a quienes invierten en vivienda y producción.
Cruces políticos y debate sobre soberanía y ciudadanía por inversión
El proyecto generó fuertes cruces en el recinto. Diego Giuliano (Unión por la Patria) remarcó que el oficialismo termina volviendo “a la ley del peronismo” de 2011, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando tomó estado público el intento de compra de un pueblo entero en La Rioja por parte de capitales extranjeros. Para el opositor, la marcha y contramarcha del Ejecutivo revela un giro pragmático motivado por la presión social y el rechazo de aliados en el Senado.
“A la Constitución hay que leerla completa. Dice que la propiedad es inviolable, pero también que la ley debe subordinarse al interés social”, planteó Giuliano al cuestionar la mirada “absoluta” del oficialismo sobre el derecho de propiedad.
Martín Lousteau (Provincias Unidas) también criticó el volantazo respecto de la Ley de Tierras y lo vinculó con el programa de Ciudadanía por Inversión, que permite acceder a la nacionalidad argentina a cambio de un piso de inversión, hoy fijado en 350 mil dólares. A su entender, esta combinación podría abrir la puerta para que extranjeros adquieran territorios estratégicos, incluso en áreas sensibles como Malvinas, una advertencia que agitó el fantasma de la pérdida de soberanía.
En la misma línea, la diputada Myriam Bregman, jefa del bloque del Frente de Izquierda, calificó el esquema de ciudadanía por inversión como “un engaño para entregar soberanía” y alertó sobre el riesgo de que se flexibilicen de hecho las restricciones fijadas por la Ley de Tierras. El debate continuaba al cierre de esta edición, con un escenario abierto en torno a eventuales cambios en el recinto y a la mirada que finalmente se impondrá sobre el equilibrio entre derecho de propiedad, interés social y control de la tierra en manos extranjeras.
