Provincia de Buenos Aires denunció a Milei y Caputo por el uso del Fondo Hídrico

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, un instrumento clave para financiar obras de saneamiento, desagües y prevención de inundaciones en todo el país.
La presentación judicial fue firmada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien imputó a las máximas autoridades nacionales por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo con el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), la Provincia cuestiona el supuesto uso irregular de más de $300.000 millones pertenecientes al Fondo Hídrico. Esos recursos, según la normativa vigente, tienen un destino legal “único e irrevocable” y solo pueden colocarse, como excedentes transitorios, en plazos fijos de bancos oficiales nacionales. Sin embargo, informes incorporados a la denuncia indican que el 85,49% de los fondos habría sido colocado en instrumentos de deuda del Tesoro nacional, en lugar de resguardarse para la ejecución de obras.
Katopodis advirtió que la apelación al objetivo de “déficit cero” no puede justificar un uso distinto al previsto por ley. “Ningún objetivo de política fiscal autoriza a aplicar recursos de afectación específica a un fin distinto del que la ley les asignó”, se sostiene en la presentación. Desde la administración bonaerense remarcan que el Fondo fue creado justamente para atender emergencias hídricas y financiar infraestructura crítica ante fenómenos climáticos extremos como El Niño.
Obras frenadas y millonaria subejecución de recursos
La denuncia detalla que, entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Fondo Hídrico habría recaudado $375.422,13 millones. De ese total, solo se habrían destinado a obras $115.990,24 millones, lo que representa el 30,9%, mientras que $259.431,89 millones (69,1%) no se habrían aplicado al fin específico para el que fueron recaudados.
Desde la Provincia señalaron que, en territorio bonaerense, 17 de 27 obras hídricas vinculadas al Fondo se encuentran neutralizadas o con convenios rescindidos. Funcionarios provinciales atribuyen esta situación, en todo o en parte, a la falta de financiamiento por parte del Estado nacional. Varias de estas obras, subrayan, estaban en etapas avanzadas de ejecución y resultan estratégicas para mitigar inundaciones en ciudades vulnerables.
En el marco de la crisis climática y los eventos extremos asociados a El Niño, Katopodis planteó que la suspensión de proyectos de desagües y saneamiento agrava el riesgo para miles de familias. El ministro sostuvo que las demoras en la transferencia de fondos y la presunta utilización de los recursos para financiar deuda nacional impactan directamente en la seguridad hídrica de numerosas localidades.
Reclamo a la Justicia y cruce político
En redes sociales, el funcionario bonaerense endureció el tono político al señalar que “muchísimas ciudades del país están sufriendo la situación extrema de El Niño, pero el Gobierno nacional nos cobró a todos el impuesto, se timbeó la plata y las obras no se hicieron”. La acusación se inscribe en la creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias por el reparto de fondos y la continuidad de obras públicas.
En el escrito presentado, Katopodis solicitó al Poder Judicial la adopción de “medidas urgentes” para resguardar documentación vinculada al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Entre ellas, pidió la preservación del contrato de fideicomiso, las actas del comité de administración, instrucciones al fiduciario, constancias de suscripción de Letras del Tesoro, extractos bancarios y expedientes de neutralización o rescisión de obras, mediante requerimientos formales a los organismos nacionales que poseen esa información.
La denuncia bonaerense suma un nuevo capítulo a la disputa política y judicial entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei por el manejo de los recursos federales y el financiamiento de la obra pública.
La causa quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá definir si hace lugar a las medidas solicitadas y determinar si existió o no responsabilidad penal en el manejo del Fondo Hídrico. Mientras tanto, las provincias aguardan definiciones sobre la continuidad de los proyectos de infraestructura esenciales para enfrentar los efectos del cambio climático y las inundaciones.

