Juicio por la muerte de César Moreno en la cárcel de Bouwer
NewsITe
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 11 de Córdoba elevó a juicio la causa por la muerte de César Darío Moreno, un detenido que falleció en el Complejo Carcelario Nº 1 de Bouwer en septiembre de 2023. Nueve agentes penitenciarios llegarán a un debate oral acusados del delito de tortura seguida de muerte, una figura de extrema gravedad en el derecho penal argentino.
De acuerdo con la investigación, el Ministerio Público Fiscal reunió un importante caudal de pruebas, entre ellas filmaciones, pericias médicas y criminalísticas, documentación institucional, testimonios e informes técnico-científicos. Todo ese material habría permitido reconstruir, paso a paso, las últimas 48 horas de vida de Moreno dentro del servicio penitenciario cordobés.
La pesquisa se llevó adelante siguiendo estándares internacionales para casos de tortura y muertes en contextos de encierro. En particular, se aplicaron los lineamientos del Protocolo de Estambul, guía de referencia para investigar y documentar hechos de tortura, y del Protocolo de Minnesota, orientado a esclarecer muertes potencialmente ilícitas. A su vez, se incorporaron informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que respaldan la hipótesis fiscal y la calificación legal.
Un detenido vulnerable y una escalada de violencia
El caso se remonta a mediados de septiembre de 2023, cuando Moreno fue detenido en el barrio de Nueva Córdoba tras un episodio calificado como menor. Según la causa, al momento de su aprehensión atravesaba una crisis psiquiátrica, tenía diagnóstico de trastorno bipolar y había interrumpido su medicación. Pese a ese cuadro de vulnerabilidad, se ordenó su detención y traslado, primero al Establecimiento Penitenciario Nº 9 y luego al penal de Bouwer.
Ya alojado en el Complejo Carcelario Nº 1, se habría producido un enfrentamiento con personal de seguridad. De acuerdo con la acusación, en represalia por una lesión sufrida por uno de los guardiacárceles —actualmente detenido y con prisión preventiva—, Moreno fue sometido a golpes y tormentos durante su reducción, más allá de lo necesario para controlar la situación.
Inmovilización prolongada y falta de atención adecuada
La Fiscalía sostiene que, tras el enfrentamiento, Moreno fue llevado al sector del Servicio Médico del penal, un área donde se sabía que no había cámaras de seguridad. Allí la violencia habría continuado, presuntamente con la anuencia de uno de los médicos imputados en la causa. Luego, el detenido fue trasladado a una sala médica y sometido a medidas de sujeción que lo mantuvieron atado de muñecas, tobillos, muslos y pecho durante más de 48 horas continuas.
- Durante ese período, no habría recibido atención médica adecuada por las lesiones previas.
- El suministro de agua y alimentos habría sido mínimo, sin contemplar su estado de salud y su condición psiquiátrica.
- Las condiciones de encierro y la inmovilización habrían afectado críticamente su organismo.
En el expediente se detalla que las lesiones, sumadas a la prolongada inmovilización y a las características personales de Moreno, derivaron en un cuadro de tromboembolismo pulmonar agudo que le causó la muerte. El proceso oral deberá determinar las responsabilidades penales de los agentes y profesionales de la salud involucrados, así como evaluar el cumplimiento —o la omisión— de los protocolos que rigen el trato a personas privadas de la libertad.
Organismos de derechos humanos y especialistas en salud mental subrayan que el caso vuelve a poner en debate las condiciones de detención en cárceles argentinas y la necesidad de dispositivos específicos para personas con padecimientos psiquiátricos.
Con la elevación a juicio, la causa ingresa ahora en una etapa clave para esclarecer lo ocurrido, fijar eventuales condenas y revisar los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario de Córdoba. El resultado del proceso será seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos y por el propio Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
