El Gobierno italiano aprobó por decreto un nuevo paquete de seguridad después de los graves incidentes registrados en Milán. La norma habilita la retención preventiva de adolescentes de entre 14 y 17 años, presume su imputabilidad desde los 14 e incorpora penas de hasta cinco años de prisión por participación violenta en manifestaciones.

El Gobierno de Giorgia Meloni endureció las medidas de seguridad contra menores luego de los disturbios, saqueos y enfrentamientos ocurridos durante el último fin de semana en distintas ciudades de Italia, especialmente en Milán.
Según informó Rosario3, el Consejo de Ministros aprobó este martes por la noche un decreto-ley que introduce nuevos delitos y amplía otros ya existentes. La decisión apunta especialmente a los adolescentes, que representaron una gran parte de los involucrados en los últimos episodios de violencia.
La norma entró en vigencia de manera inmediata, aunque deberá ser convertida en ley por el Parlamento dentro de los próximos 60 días. Durante ese proceso podrá recibir modificaciones.
Retención preventiva desde los 14 años
Uno de los cambios centrales permite que la Policía aplique la retención preventiva a adolescentes de entre 14 y 17 años cuando se cumplan determinadas condiciones previstas por la norma.
También se establece una presunción de imputabilidad desde los 14 años. Hasta ahora, la Justicia debía evaluar caso por caso si el menor tenía capacidad suficiente para comprender las consecuencias de sus actos. Con el nuevo esquema, esa capacidad se presume y será la defensa la que deberá demostrar lo contrario.
El decreto amplía además la posibilidad de efectuar detenciones diferidas, es decir, después de ocurrido un delito durante una manifestación cuando existan imágenes u otras pruebas que permitan identificar al sospechoso.
Hasta cinco años de prisión por violencia en protestas
El Gobierno creó además el delito de “participación violenta en manifestaciones”. La figura contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quienes participen en grupo en actos violentos que pongan en riesgo la seguridad pública.
Las penas podrán agravarse cuando los involucrados tengan el rostro cubierto o provoquen lesiones. También se contemplan condenas de entre cuatro y doce años para quienes organicen o promuevan grupos destinados a cometer actos violentos, incluso a través de medios digitales.
Los padres también podrán recibir multas
Otro de los puntos centrales establece responsabilidades económicas para los padres de menores involucrados en hechos violentos. Podrán recibir multas de entre 500 y 1.000 euros, que se duplicarán en casos de reincidencia.
Además, los progenitores podrán tener que afrontar económicamente los daños causados por sus hijos, tanto sobre bienes públicos como privados. Meloni resumió esa postura con una consigna directa: “Quien rompe, paga”.
La normativa también permitirá prohibir la asistencia a concentraciones públicas a personas que hayan protagonizado episodios violentos o daños contra bienes durante los cinco años anteriores. Esa restricción podrá alcanzar también a menores mayores de 14 años.
Refuerzo militar en Milán
El paquete contempla además el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta fines de 2026 para reforzar las tareas de seguridad. Sin embargo, el presidente italiano Sergio Mattarella frenó la posibilidad de otorgarles facultades de policía judicial para efectuar arrestos.
La decisión del Gobierno llega luego de los graves disturbios del último fin de semana en Milán, donde hubo saqueos, destrozos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades italianas temen que puedan repetirse incidentes durante nuevas movilizaciones previstas para los próximos días.

