La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo habilitó el recurso del Gobierno contra la cautelar que ordenaba aplicar los aumentos salariales previstos en la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó de “privilegio” el incremento contemplado por la norma.
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo resolvió tramitar la apelación del Gobierno contra la cautelar que obligaba al Ejecutivo a aumentar los salarios docentes de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario.
Los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán firmaron la resolución contra la decisión del juez Martín Cormick, quien había otorgado la medida cautelar.
Los mismos magistrados habían habilitado anteriormente una apelación de Diego Santilli que suspendió una multa de $100.000 diarios por no aplicar la ley. En ese caso, la medida también alcanzaba los fondos destinados al funcionamiento general de las universidades.
En paralelo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó la Ley de Financiamiento Universitario durante una reunión en la Cámara de Diputados, a la que asistió junto con el secretario de Educación, Carlos Torrendel.
Álvarez calificó de “un privilegio” el incremento salarial previsto por la norma, que equipara los aumentos con la inflación acumulada desde diciembre de 2023, en comparación con las subas recibidas por otros empleados estatales.
El Gobierno otorgó aumentos a docentes y no docentes universitarios, aunque en un porcentaje menor al establecido por la Ley de Financiamiento. Los gremios universitarios sostienen que la diferencia ronda el 30%.
Durante su exposición, Álvarez afirmó que el Ejecutivo está “a derecho” en este tema a partir del fallo de la Cámara. También cuestionó a quienes participaron de la movilización universitaria del jueves pasado y a los rectores que reclaman un incremento presupuestario.
“Para el Ejecutivo, la ley (de Financiamiento Universitario) incumple la ley de administración financiera, que establece que una ley que no asigna los fondos adecuados se suspende en el acto. Eso se hizo, fue recurrido por el CIN y actualmente se encuentra el debate de la cuestión de fondo y la cautelar está hoy en la cámara”, dijo Álvarez.
El debate por el presupuesto universitario
El financiamiento universitario también formó parte de la discusión sobre las pautas del Presupuesto nacional para el próximo año.
Durante su intervención, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, negó que se trate de un presupuesto de ajuste y cuestionó el pedido realizado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Los rectores reclaman $11 mil billones para garantizar el funcionamiento de las universidades durante el próximo año, mientras que el Presupuesto contempla $7,3 mil billones.
“Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta”, afirmó Torrendel.
Álvarez también cuestionó el monto solicitado por los rectores y señaló que el presupuesto reclamado serviría para solventar “los aumentos salariales que piden los sindicatos”.
