La Corte Suprema despeja el camino para un histórico juicio por el 11-S
NewsITe
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y por otros dos acusados, Mustafa al Hawsawi y Walid bin ‘Atash. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme un fallo que avala la anulación de los acuerdos de culpabilidad alcanzados con la fiscalía militar, y despeja el camino para un juicio ante una comisión militar previsto para 2028.
Mohammed y sus coacusados están detenidos en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, desde 2006, tras haber pasado previamente por prisiones secretas de la CIA donde fueron sometidos a “técnicas de interrogatorio reforzadas”, consideradas por diversos organismos de derechos humanos como formas de tortura. Están acusados de planificar y coordinar el secuestro de cuatro aviones comerciales que fueron utilizados como armas el 11 de septiembre, atentados que dejaron 2.977 muertos, sin contar a los secuestradores, en el World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania.
La resolución del Supremo, emitida en una orden sin firmar, rechazó las apelaciones contra un fallo previo que había impedido a un juez militar hacer cumplir los acuerdos de culpabilidad alcanzados en 2024. Esos acuerdos, negociados por los defensores y avalados por la autoridad convocante de las comisiones militares, la general de brigada retirada Susan Escallier, contemplaban que los acusados se declararan culpables de todos los cargos a cambio de cadena perpetua, evitando así la pena de muerte.
La marcha atrás del Pentágono y el rol del Tribunal Supremo
Los entendimientos fueron revocados poco después por el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien consideró que no correspondía conceder ese beneficio en un caso emblemático para la política antiterrorista de Washington. En noviembre de 2024, un juez militar llegó a declarar ilegal esa anulación, lo que reabrió el debate sobre la validez de los acuerdos y generó un nuevo capítulo en la larga saga judicial vinculada a Guantánamo.
Ante esa controversia, el Departamento de Justicia acudió al Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, que finalmente falló a favor del gobierno al sostener que el secretario de Defensa tenía “indiscutiblemente” autoridad para retirarse de los acuerdos previos al juicio. El panel de apelaciones remarcó que Austin actuó dentro de los límites de su poder legal y rechazó revisar el criterio político y estratégico detrás de su decisión.
La Corte Suprema, al negarse ahora a tomar el caso, convalida en los hechos ese criterio y deja sin efecto la posibilidad de que Mohammed, Hawsawi y bin ‘Atash eviten una eventual condena a muerte. El juez Brett Kavanaugh se excusó de participar en la deliberación, según consignaron medios estadounidenses como CBS News y NBC News.
Un proceso que se encamina a 2028 entre demoras y controversias
La causa por los atentados del 11-S en Guantánamo se ha caracterizado por largos años de idas y vueltas judiciales. Las defensas cuestionan el uso de pruebas obtenidas bajo tortura y plantean que ello vulnera estándares básicos del debido proceso. Estos debates han derivado en múltiples recursos y revisiones que demoraron el avance hacia el juicio oral.
Recién en agosto pasado, el juez a cargo del expediente fijó como fecha tentativa de inicio del juicio junio de 2028, supeditada a que ambas partes cumplan con los plazos y requisitos procesales establecidos. De concretarse, sería uno de los procesos penales más relevantes de la historia reciente de Estados Unidos, tanto por la gravedad de los hechos como por el impacto político y simbólico que aún tienen los ataques del 11 de septiembre.
Mientras tanto, el fallo del Tribunal Supremo consolida la postura de la administración estadounidense de mantener abierta la posibilidad de solicitar la pena capital para los acusados, al tiempo que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de las comisiones militares en Guantánamo, un sistema excepcional que ha sido blanco constante de críticas de organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho internacional.
