Prisión condicional e inhabilitación para el exlegislador cordobés
NewsITe
El exlegislador provincial de Córdoba, Oscar González, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el fatal choque ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres en 2022. En el siniestro perdió la vida la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron gravemente heridas, con secuelas permanentes. La sentencia incluye, además, ocho años de inhabilitación para conducir, por lo que el exfuncionario no irá a la cárcel pero quedará bajo estrictas reglas de conducta.
El fallo fue dictado por el juez Santiago Camogli, de la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores, quien consideró a González responsable de los delitos de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y lesiones culposas agravadas. El magistrado impuso las costas del proceso al exlegislador y fijó condiciones que deberá cumplir durante los tres años que dura la condena condicional, como parte de un control judicial sobre su conducta futura.
El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2022, cuando el BMW X1 conducido por González impactó de frente contra un Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, su hija Marina Szulewicz y una amiga de la adolescente, Alexa Miranda, ambas de 14 años. La docente murió casi en el acto a raíz del violento impacto, mientras que las jóvenes sufrieron lesiones de gran complejidad que dejaron consecuencias irreversibles en su salud.
El desarrollo del juicio y las posiciones enfrentadas
Durante el debate oral, la fiscal del caso, Analía Gallaratto, había solicitado una pena más severa: tres años y diez meses de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para manejar. La acusación afirmó que González invadió el carril contrario y provocó de ese modo la colisión frontal, una hipótesis respaldada por los peritajes accidentológicos oficiales realizados tras el siniestro.
Los representantes legales de las víctimas fueron incluso más duros en su planteo. Reclamaron que el hecho fuera encuadrado como homicidio simple con dolo eventual, figura que prevé penas mucho más altas, al sostener que González asumió el riesgo de provocar un resultado fatal al circular de la manera en que lo hizo. La defensa, en cambio, pidió la absolución e intentó responsabilizar a Bengoa, con el argumento de que habría intentado sobrepasar a un camión antes del choque, maniobra que —según esa postura— habría desencadenado la tragedia.
Indemnizaciones millonarias y repercusión política
En el plano civil, el tribunal hizo lugar de manera parcial a las demandas presentadas por los familiares de la víctima fatal y por las sobrevivientes. González y la Provincia de Córdoba fueron condenados a pagar importantes sumas en concepto de resarcimiento económico. Las indemnizaciones fijadas fueron de $31,6 millones para Vera Szulewicz, $353,5 millones para Marina Szulewicz y más de $1.625 millones para Alexa Miranda, montos que reflejan la gravedad de las secuelas físicas y emocionales dejadas por el hecho.
- Condena penal: tres años de prisión condicional e inhabilitación para conducir por ocho años.
- Responsabilidad civil compartida entre González y la Provincia de Córdoba.
- Reclamos de las familias por una calificación penal más dura y penas de cumplimiento efectivo.
- Peritajes oficiales que ubicaron al exlegislador como quien invadió el carril contrario.
El caso tuvo también un fuerte impacto político en Córdoba a raíz del vehículo que manejaba el exlegislador: un BMW secuestrado previamente por la Justicia y luego asignado para su uso oficial. Ese dato encendió críticas sobre el manejo de bienes incautados y sobre los privilegios de la dirigencia política, especialmente tras conocerse las circunstancias del siniestro y las consecuencias para las víctimas.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 12 de noviembre, fecha clave para comprender en detalle los argumentos del tribunal y las razones que llevaron a descartar una pena de cumplimiento efectivo.
La condena a González no clausura el debate social sobre la conducción imprudente, el uso de vehículos oficiales y la responsabilidad de los funcionarios públicos. El desenlace judicial será seguido de cerca por familiares, organizaciones sociales y el arco político cordobés, que consideran al caso un símbolo de las discusiones sobre impunidad, seguridad vial y acceso a la Justicia en la Argentina.
