La Casa Rosada reconoció contactos con Washington por el alcance de las posibles sanciones, pero negó que haya existido una exigencia para frenar el proyecto. El oficialismo postergó el debate en Diputados mientras negocia modificaciones con bloques aliados.
El Gobierno admitió que mantuvo conversaciones con Estados Unidos por el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque aseguró que la iniciativa no avanzará contra grandes compañías o fondos estadounidenses si eso pone en riesgo la relación bilateral.
Desde la Casa Rosada señalaron que existieron planteos desde Washington vinculados con el régimen de sanciones, pero descartaron que la administración de Donald Trump haya exigido retirar o frenar la propuesta. El Ejecutivo sostiene que la intención es mantener el proyecto y resolver las objeciones durante la negociación legislativa.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la posibilidad de sancionar a fondos de inversión con participación en empresas vinculadas a actividades económicas en las Islas Malvinas. El Gobierno, sin embargo, descarta avanzar contra actores como BlackRock si una medida de ese tipo pudiera afectar la relación con Estados Unidos.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las restricciones sobre la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. Entre otras medidas, prevé multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales para las empresas que financien, faciliten o participen de esas actividades.
En medio de las negociaciones, La Libertad Avanza postergó el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores que debía tratar el proyecto. El oficialismo continúa negociando modificaciones con el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas para reunir las firmas necesarias y avanzar con el dictamen.
La Casa Rosada intenta compatibilizar dos objetivos. Por un lado, sostener el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Por otro, evitar que el régimen de sanciones previsto en la futura ley genere tensiones con Washington, uno de los principales aliados internacionales del Gobierno.
