La decisión del intendente Mauro Poletti de ampliar la comitiva, alojar a sus integrantes en un hotel cinco estrellas y financiar un importante despliegue logístico abre interrogantes sobre las prioridades del Gobierno municipal y el uso de los recursos públicos.
La participación de Ramallo en la final provincial de los Juegos Bonaerenses quedó atravesada por una polémica que excede lo deportivo. Mientras más de 110 competidores lograron su clasificación para representar al distrito en Mar del Plata, la delegación que viajó supera las 250 personas. La decisión del intendente Mauro Poletti de ampliar la comitiva, alojar a sus integrantes en un hotel cinco estrellas y financiar un importante despliegue logístico abre interrogantes sobre las prioridades del Gobierno municipal y el uso de los recursos públicos.
El alojamiento elegido es el NH Gran Hotel Provincial, uno de los establecimientos más reconocidos de la ciudad balnearia, ubicado frente al mar y en una zona céntrica. El costo de una noche supera los 200.000 pesos, según los valores informados. La estadía es financiada por la Municipalidad de Ramallo y alcanza a personas que no necesariamente participan de las competencias deportivas.
La diferencia entre los más de 110 competidores y una delegación que supera las 250 personas constituye el dato central de la controversia. La comitiva incluye funcionarios municipales, familiares, vecinos, periodistas y representantes de instituciones educativas. En lugar de limitarse a acompañar a quienes consiguieron su lugar en las finales, el operativo se extendió a un grupo mucho más amplio, cuyos gastos también requieren una explicación pública.
Uno de los aspectos más cuestionados es la presencia de periodistas y comunicadores de San Nicolás alojados en el hotel contratado por el Municipio. Entre ellos habría personas que desarrollan principalmente su actividad en redes sociales y no trabajan en medios periodísticos tradicionales. La decisión de incluirlos en el viaje plantea preguntas sobre los criterios utilizados para seleccionarlos y sobre el beneficio que obtienen con una invitación financiada con fondos públicos. La información difundida no permite afirmar por sí sola que el alojamiento haya sido otorgado como contraprestación por publicar contenidos favorables a la gestión, pero sí justifica exigir transparencia sobre las condiciones de participación.
La comitiva también incorporó a estudiantes de escuelas rurales, acompañados por docentes y profesores de Educación Física. A ellos se sumaron consejeros escolares que viajaron para coordinar las actividades. Aunque la experiencia puede representar una oportunidad para los chicos, corresponde conocer cómo se organizó el traslado y cuál es el costo que afronta el Municipio.
El despliegue incluye alrededor de 20 vehículos municipales, choferes, personal de prensa y profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeros y kinesiólogos. También se informó sobre la presencia de guardavidas, lo que amplía todavía más la estructura del operativo.
El problema no es que Ramallo acompañe a sus deportistas ni que promueva la participación de estudiantes. La discusión pasa por la escala del viaje, la selección de quienes integran la delegación y el nivel de gasto elegido por el Ejecutivo. Cuando una comitiva duplica ampliamente la cantidad de competidores, la administración municipal debe explicar con claridad qué criterios aplicó y por qué decidió financiar una estructura de semejante dimensión.
Hasta el momento, no se cuenta con un detalle consolidado del costo total del alojamiento, el transporte, la alimentación y los servicios contratados, ni con precisiones sobre un eventual reintegro de fondos provinciales. Tampoco se conoce el monto final que deberá afrontar la Municipalidad con recursos propios.
