La resolución judicial se conoció a siete meses del ataque ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde murió Ian Cabrera, de 13 años. El joven tenía 15 al momento del hecho y fue declarado inimputable por la legislación vigente entonces.

La Justicia de Santa Fe dispuso el sobreseimiento del adolescente que en marzo pasado ingresó armado a una escuela de San Cristóbal y mató a uno de sus compañeros. La decisión fue tomada por el juez penal José Boaglio, a poco de cumplirse siete meses del ataque que conmocionó a la comunidad educativa y generó repercusiones en todo el país.
El hecho ocurrió el 30 de marzo en la escuela Mariano Moreno, cuando el joven, que tenía 15 años, ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó varios disparos. Como consecuencia del ataque, murió Ian Cabrera, de 13 años, mientras que otros estudiantes resultaron heridos.
La resolución judicial se produjo luego de un pedido presentado por los abogados defensores del adolescente. El fundamento central fue que, al momento del episodio, el joven se encontraba por debajo de la edad mínima de punibilidad establecida por la legislación entonces vigente.
En ese sentido, el sobreseimiento no implica que la Justicia haya descartado su participación en el ataque, sino que no puede ser condenado penalmente por ese hecho bajo el régimen legal aplicable cuando ocurrió. Meses después, el Congreso aprobó una modificación del régimen penal juvenil que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque esa normativa no regía al momento del episodio.
Pese a la decisión, se establecieron medidas de seguimiento y resguardo con intervención estatal para abordar la situación del adolescente. Las actuaciones vinculadas con menores de edad se desarrollan bajo las disposiciones correspondientes para proteger su identidad y sus derechos.
La tragedia dejó una profunda marca en San Cristóbal y abrió un debate sobre la violencia en las escuelas, la prevención y los entornos digitales. Durante la investigación también surgieron elementos sobre los vínculos del adolescente con comunidades virtuales que glorifican hechos violentos.
A más de medio año del ataque, la resolución judicial vuelve a poner en el centro de la discusión las respuestas del sistema penal juvenil frente a hechos de extrema gravedad y los mecanismos de acompañamiento y prevención necesarios para evitar que episodios de esta naturaleza vuelvan a repetirse.

