La Justicia de Florida avanzó con cargos estatales contra el expresidente cubano por el ataque a dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. La medida se suma a una acusación federal presentada en mayo y vuelve a tensar la relación entre Estados Unidos y Cuba.
La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996 frente a las costas de Cuba. El exmandatario, de 95 años, quedó acusado a nivel estatal por cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato en primer grado.
El caso remite al 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves Cessna pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate fueron abatidas por aviones MiG de la Fuerza Aérea cubana. Los aparatos se encontraban fuera del espacio aéreo territorial cubano y las cuatro personas que viajaban a bordo murieron.
La acusación contra Castro
Los fiscales sostienen que Raúl Castro, quien por entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, habría autorizado el operativo. La acusación también menciona el accionar de agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate, quienes habrían suministrado información sobre los vuelos a las autoridades de La Habana.
La nueva causa estatal se suma a la acusación federal anunciada en mayo de este año, cuando fiscales estadounidenses imputaron a Castro por asesinato y destrucción de aeronaves. Aquella presentación también vinculó al exdirigente con la decisión de derribar los aviones civiles.
El principal obstáculo para llevarlo a juicio
Pese a la orden de arresto, las posibilidades de que Castro comparezca ante un tribunal estadounidense son limitadas. Cuba no mantiene un mecanismo de extradición que permita concretar fácilmente su traslado y el exmandatario rara vez abandona la isla.
El gobierno cubano rechazó las acusaciones. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la causa como una maniobra política y sostuvo que carece de fundamento jurídico, mientras Washington mantiene una política de creciente presión sobre La Habana.
El expediente reabre judicialmente uno de los episodios más graves de la relación entre Cuba y Estados Unidos durante la década de 1990 y coloca nuevamente bajo la lupa la responsabilidad de la conducción política y militar cubana en el ataque.
