Dolor, insomnio y esperanza ante un nuevo juicio por Micaela
NewsITe
A casi ocho años del femicidio de Micaela García, sus padres atraviesan días de angustia y expectativa ante el inicio de un nuevo juicio en Entre Ríos. El debate oral volverá a poner en el centro de la escena a Néstor Pavón, quien en un primer proceso había sido condenado a 5 años de prisión por encubrimiento, pero que ahora llegará al banquillo acusado como coautor del crimen.
El juicio comenzará el próximo 29 de octubre en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Desde Buenos Aires, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Néstor García, el padre de Micaela, describió el impacto emocional de esta instancia: “Desde hace días que no duermo”. Contó que, junto a Andrea, la madre de la joven, pasan las jornadas repasando pruebas y preparando los argumentos para demostrar que Pavón no solo encubrió, sino que participó de la violación y el femicidio.
García cuestionó con dureza los tiempos judiciales. Afirmó que, si bien la Corte Suprema se demoró, la mayor lentitud se registró en la Justicia entrerriana, donde –según sostuvo– las presentaciones de la querella eran rechazadas de manera sistemática. En contraste, remarcó que el pedido de libertad condicional de Pavón fue resuelto con inusual rapidez, incluso aceptándole una camioneta como fianza, algo que considera “no habitual”.
Críticas al Poder Judicial y a la situación procesal de Pavón
La querella había solicitado que Pavón aguardara este nuevo juicio en prisión preventiva, al entender que una persona sospechada de un femicidio no debería esperar la resolución en su casa. Sin embargo, el planteo fue rechazado con el argumento de que no se acreditaban riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Para la familia de Micaela, esa decisión resulta llamativa, sobre todo porque Pavón ya no reside en Entre Ríos sino en la provincia de Santiago del Estero. Esa distancia geográfica, señalan, constituye por sí misma un factor de riesgo procesal. Finalmente, el tribunal dispuso como única restricción que, veinte días antes del comienzo del debate, el imputado se erradique en Gualeguay para garantizar su presencia en las audiencias.
Pese a los cuestionamientos, Néstor García mantiene la esperanza de que este nuevo juicio marque un punto de inflexión. “Tenemos esperanza de que se resuelva la pena y que la Justicia de la provincia dé una muestra de que los entrerrianos podemos confiar, porque hoy eso no sucede”, expresó. Y enfatizó que el objetivo central es que Micaela “tenga la justicia que merece”.
El legado de Micaela y la implementación de la ley
El caso de la joven militante del Movimiento Evita impulsó, a nivel nacional, la sanción de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019. La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y sirvió de modelo para adhesiones y normativas provinciales y municipales.
Sin embargo, desde la mirada de sus padres, la ley todavía está lejos de cumplirse como fue pensada. García expresó que la implementación es desigual y en muchos casos “muy escasa”, sobre todo en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. También señaló que la reducción de recursos enviados por la Nación a las provincias impacta de lleno en los programas de formación y prevención.
- Menos fondos para políticas de género y prevención de violencias.
- Reducción drástica de talleres y capacitaciones presenciales.
- Dificultades para sostener equipos técnicos especializados.
Como ejemplo, el papá de Micaela recordó que en 2023 realizaban entre seis y siete talleres por semana, mientras que hoy apenas pueden sostener dos por mes. Aun así, rescata que muchas personas que pasaron por esas instancias modificaron su mirada y comenzaron a resolver situaciones de violencia de otra manera, incluso desde el propio Estado.
“No podemos permitir que un violador y femicida conviva con el resto de la sociedad. Se lo debemos a ella”, sostuvo Néstor García, que insiste en que el Gobierno actual “descree de la temática”, pero que el camino de la justicia y la capacitación en género sigue siendo una bandera irrenunciable.
En la antesala del juicio, la familia de Micaela combina el peso del dolor con la convicción de que su lucha trascendió el caso individual y se transformó en una demanda colectiva por una justicia con perspectiva de género y un Estado que asuma la prevención de la violencia como una verdadera política pública.
