La vida en los márgenes: cuando el Estado no llega
NewsITe
En Argentina, más de cinco millones de personas viven en barrios populares, villas y asentamientos. Detrás de esa cifra, que equivale a la multitud que colmó el Obelisco tras el título mundial en Qatar 2022, hay historias atravesadas por la falta de servicios básicos, el desempleo, el avance del narcotráfico y una lucha cotidiana por sostener la esperanza.
Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 6.400 barrios de todo el país habitan alrededor de 1.700.000 niños, niñas y adolescentes. En muchos de esos lugares, el 90% de las familias no cuenta con agua potable ni electricidad segura, y el hacinamiento es moneda corriente: varias generaciones comparten la misma habitación, con condiciones habitacionales precarias y riesgosas.
La Directora Ejecutiva de Cáritas Argentina, Sofía Zadara, describe a los barrios populares como espacios de carencias profundas pero también de fuerte organización comunitaria. Allí aparecen comedores, apoyos escolares, clubes de barrio, capillas y centros comunitarios donde “la vida abraza lo comunitario” y la frase “donde comen dos, comen tres” deja de ser un eslogan para convertirse en una práctica diaria de solidaridad.
Trabajo, oficios y una inversión que el Estado aún adeuda
En estas comunidades abundan los oficios: albañiles, cuidadoras domiciliarias, niñeras, trabajadores de la construcción y pequeños emprendedores que buscan generar ingresos día a día. No se trata de personas sin capacidades, sino de vecinos que reclaman la posibilidad concreta de trabajar y sostener a sus familias sin depender de endeudamiento ni ayudas esporádicas.
Organizaciones como Cáritas insisten en que la urbanización de los barrios populares debe ser entendida como una inversión y no como un gasto. Acceso a agua potable, cloacas, tendidos eléctricos seguros, calles transitables para ambulancias y recolección de residuos son condiciones mínimas para garantizar derechos básicos y mejorar las trayectorias educativas y laborales de las nuevas generaciones.
En ese marco se impulsa el proyecto de Emergencia en Barrios Populares, que propone destinar de manera progresiva el 0,0375% del PBI –una porción que ni siquiera llega al 1%– a obras de integración socio-urbana. Referentes sociales y de la Iglesia advierten que hay alrededor de 600 obras paralizadas con un avance del 50% al 60%, y alertan sobre el impacto que tiene detener esos proyectos en comunidades que necesitan respuestas urgentes.
Consumo problemático, salud mental y una juventud en riesgo
La ausencia sostenida del Estado abre espacios que muchas veces son ocupados por el narcotráfico, que se presenta como una salida rápida en contextos de alta vulnerabilidad. Obispos y referentes territoriales coinciden en que el narco avanza allí donde faltan políticas públicas, oferta laboral y presencia institucional coordinada.
La problemática del consumo de sustancias se combina con un fuerte deterioro de la salud mental. En los barrios populares crece la preocupación por el aumento de suicidios e intentos de suicidio, sobre todo entre jóvenes de 14 a 24 años, atravesados por la falta de proyectos de vida, presiones económicas, deudas, precariedad habitacional y escasa oferta de espacios de contención por fuera de la escuela y la familia.
Ante este escenario, Cáritas Argentina impulsa la transformación de parroquias, capillas y centros comunitarios en verdaderos “centros de escucha”. La idea es detectar tempranamente situaciones límite, acompañar a quienes atraviesan consumos problemáticos o angustias profundas y articular con otras organizaciones para dar respuestas más integrales.
De la erradicación a la integración: cambiar la mirada sobre la periferia
A lo largo de la historia argentina, la mirada sobre las villas fue cambiando: de proyectos de erradicación que proponían “mudar” barrios enteros, se pasó a políticas de urbanización y, más recientemente, a la idea de integración socio-urbana. Este enfoque busca dejar de concebir a los barrios populares como zonas de descarte y empezar a reconocerlos como parte activa de la ciudad, con derechos y potencial propio.
Para los actores que trabajan en el territorio, la clave está en combinar inversión estatal sostenida, participación de las propias comunidades y reconocimiento del rol que cumplen las organizaciones sociales y religiosas. La sanción de la ley 27.453, que declaró de interés público la integración de los barrios del RENABAP, fue un paso en esa dirección, pero su aplicación hoy aparece frenada por recortes presupuestarios y la paralización de obras.
“Los niños no pueden pagar lo que los adultos no podemos resolver”, repiten desde Cáritas, al advertir que cada año perdido en infraestructura, acompañamiento y trabajo formal profundiza la desigualdad.
Lejos de ser solo escenarios de carencias, en los barrios populares también hay redes de mujeres que sostienen comedores, vecinos que organizan clubes y talleres, y una reserva de esperanza que interpela al resto de la sociedad. Reconocer ese potencial y garantizar condiciones de vida dignas es, plantean, una deuda urgente que la Argentina ya no puede seguir postergando.
