Investigación judicial por la tragedia aérea en Villa Reynolds
NewsITe
El Juzgado Federal de Villa Mercedes avanza con la investigación por el accidente aéreo ocurrido el 15 de julio de 2024 en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, provincia de San Luis, en el que perdió la vida el capitán de la Fuerza Aérea Argentina Mauro Javier Testa La Rosa. En este marco, once integrantes de la institución castrense comenzaron a ser indagados por presuntas responsabilidades penales vinculadas tanto al siniestro como a la manipulación de documentación técnica posterior.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, las audiencias indagatorias se iniciaron el jueves 15 de octubre y se extenderán, de manera escalonada, hasta el viernes 23. El requerimiento fue promovido por la fiscal general María Gloria André y el auxiliar fiscal Leandro Kunusch Ribichini, quienes atribuyen el hecho a una cadena de fallas técnicas, omisiones en los controles y presuntas irregularidades en el registro de tareas de mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con la acusación, el accidente estaría directamente vinculado con tareas de desmontaje y montaje del tubo de escape del avión A-4AR Fightinghawk matrícula C-926, realizadas entre el 10 y el 12 de julio de 2024 por personal del denominado Grupo Técnico 5 de la V Brigada Aérea. La investigación incluye la verificación de la forma en que se ejecutaron esos trabajos, los elementos utilizados y la calidad de las inspecciones internas previas a la habilitación de la aeronave para volver a operar.
Las fallas detectadas y las imputaciones
La fiscalía sostiene que la instalación defectuosa del conjunto del tubo de escape, sumada a la falta de una verificación eficaz y a debilidades en la organización y documentación de los procesos, permitió que el avión despegara sin las garantías mínimas de seguridad. El expediente detalla que una tuerca autoblocante —diseñada para resistir vibraciones— habría sido reutilizada pese a que debía reemplazarse, lo que habría impedido mantener el ajuste necesario frente al régimen del motor.
También se cuestiona el empleo de un alambre de seguridad de diámetro insuficiente y mal colocado, pieza que debía evitar el aflojamiento de la unión durante el vuelo. A ello se suma el uso de un torquímetro con la certificación de calibración vencida, elemento clave para asegurar el correcto par de apriete de los bulones involucrados. Además, se remarca la ausencia de una orden de trabajo formal que detallara las tareas, los procedimientos técnicos y los responsables de cada etapa.
En paralelo, la pesquisa apunta a las instancias de control de calidad internas, ya que los inspectores debían constatar que el montaje respetara los manuales técnicos y que la aeronave estuviera en condiciones aptas para volver al servicio. El retorno del avión a la operación habría sido autorizado con una firma que, según la acusación, no correspondía al Responsable Técnico habilitado para certificar intervenciones de esa magnitud.
El desarrollo del accidente y las presuntas maniobras posteriores
El día del siniestro, el capitán Testa La Rosa despegó desde la cabecera 06 de la pista de la V Brigada Aérea en cumplimiento de una orden de instrucción. Las maniobras previas al despegue se realizaron sin novedades aparentes. Sin embargo, una vez en ascenso, se desprendió primero el paracaídas de frenado sobre la pista sin que hubiera sido accionado por el piloto, y luego se soltaron partes del cobertor del tubo de escape y finalmente el tubo completo, junto con la brida encargada de mantenerlo unido al motor.
La pérdida de ese componente generó ruidos anormales, humo y fuego. Ante la emergencia, el piloto se eyectó a una altura estimada entre 150 y 200 pies. Aunque el paracaídas principal llegó a abrirse, el fuego provocado por el propio siniestro terminó por consumirlo. El militar cayó desde unos 50 metros y murió a raíz de las graves lesiones sufridas. El caso reavivó el debate sobre el estado de la flota y los protocolos de mantenimiento de los sistemas de armas de la Fuerza Aérea.
La investigación también dirige la mirada a lo sucedido después del accidente. En la oficina de Registro de Aeronaves de la Brigada se habrían destruido las hojas originales del formulario de mantenimiento del avión y se habrían confeccionado otras en su reemplazo, con modificaciones en los asientos referidos a los trabajos previos al vuelo fatal. Por este motivo, nueve de los once indagados están acusados por homicidio culposo, mientras que todos enfrentan cargos por presunta destrucción y alteración de registros técnicos.
Las responsabilidades de los once integrantes de la Fuerza Aérea serán evaluadas durante las indagatorias y en el avance de la causa, que busca determinar si el siniestro fue el resultado de negligencias evitables y eventuales maniobras de encubrimiento documental.
En las próximas semanas, el juzgado deberá analizar los descargos de los imputados, la documentación secuestrada y los peritajes técnicos ya incorporados al expediente. A partir de esa valoración, se definirá si corresponde elevar la causa a juicio oral o disponer nuevas medidas de prueba en una investigación que, por su gravedad, es seguida de cerca tanto por el ámbito castrense como por el sistema judicial federal.
