Amparo colectivo por agua y cloacas en San Miguel de Tucumán
NewsITe
Vecinos de cuatro barrios de San Miguel de Tucumán iniciaron una acción de amparo contra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y extendieron el reclamo al Gobierno provincial que encabeza Osvaldo Jaldo, ante la persistente falta de agua potable y los reiterados desbordes cloacales que afectan su vida cotidiana.
La presentación judicial fue realizada el 14 de octubre con el acompañamiento de los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, quienes respaldaron formalmente el planteo vecinal. El amparo alcanza a residentes de Cerro de las Rosas, Villa 9 de Julio, Ampliación Kennedy y el pasaje Bordabehere, zonas que desde hace tiempo denuncian graves deficiencias en el servicio.
Según detallaron los damnificados, los problemas se expresan de distintas maneras: en algunos sectores directamente no sale agua de las canillas durante extensos períodos del día, mientras que en otros se registran pérdidas constantes, roturas en la red y líquidos cloacales que desbordan sobre calles y veredas, con el consiguiente riesgo sanitario.
Los vecinos aseguran que, antes de recurrir a la Justicia, agotaron las instancias administrativas. Indican que presentaron reclamos ante la SAT y ante los organismos de control sin obtener soluciones de fondo. En ese contexto, la vía judicial aparece como el último recurso para intentar garantizar un servicio que consideran esencial.
Críticas a las prioridades oficiales y al sistema de reclamos
Canelada hizo público el reclamo y remarcó que la falta de respuesta por parte de las autoridades obligó a los vecinos a acudir a los tribunales. El edil cuestionó las prioridades del Gobierno provincial al contrastar las negociaciones políticas y electorales con la ausencia de respuestas concretas a quienes no cuentan con agua potable ni un sistema de saneamiento adecuado.
En la provincia existe un mecanismo formal para canalizar quejas ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). El organismo dispone de un formulario en el que se exige consignar el número de cuenta del usuario, el número de reclamo efectuado previamente ante la prestataria, documentación personal y la factura del servicio. Ese circuito permite dejar constancia de controversias vinculadas con la calidad de la prestación, daños derivados del servicio o conflictos por facturación.
Sin embargo, la existencia de esta vía administrativa no garantiza que cada reclamo sea efectivamente resuelto. Los vecinos que ahora promovieron el amparo sostienen que, pese a haber utilizado esos canales, las fallas persisten y en algunos casos se profundizaron con el paso del tiempo.
Inversiones anunciadas y alcance limitado en los barrios
Como antecedente, el propio organismo regulador difundió en los últimos meses una inversión provincial cercana a los $2.000 millones destinada a la renovación del acueducto El Cadillal, el principal sistema de transporte de agua hacia el Gran San Miguel de Tucumán. La comunicación oficial destacó tareas de recambio de válvulas, cámaras y accesorios, con un impacto proyectado sobre más de 250.000 usuarios.
No obstante, los trabajos sobre grandes infraestructuras no se traducen necesariamente en mejoras inmediatas en los barrios incluidos en la nueva acción judicial. Los vecinos remarcan que las obras estructurales no solucionan, por sí solas, problemas puntuales como conexiones deterioradas, cañerías colapsadas o cloacas que rebalsan con frecuencia.
- Cuatro barrios –Cerro de las Rosas, Villa 9 de Julio, Ampliación Kennedy y pasaje Bordabehere– impulsan un amparo colectivo.
- Los reclamos incluyen falta de agua, pérdidas constantes y desbordes cloacales en la vía pública.
- Los vecinos cuestionan la eficacia de los mecanismos de reclamo y la priorización de las obras oficiales.
“La falta de respuestas obligó a los vecinos a acudir a los tribunales”, sostuvo el concejal José María Canelada al referirse al amparo contra la SAT.
Mientras la Justicia analiza el planteo, los habitantes de las zonas afectadas reclaman una solución efectiva y sostenida en el tiempo, que garantice tanto el acceso regular al agua potable como un sistema de saneamiento que no ponga en riesgo la salud pública ni el ambiente urbano.
