El acusado habló por primera vez ante el Tribunal Oral N.º 5
NewsITe
Justo Fernando Barrientos, único imputado por la denominada masacre de Barracas, declaró por primera vez en el juicio oral que se sigue en su contra por el asesinato de tres mujeres y las gravísimas lesiones sufridas por una cuarta víctima, en un hotel del barrio porteño de Barracas. Ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires, el acusado aseguró que “nunca discriminó a nadie” y evitó responder preguntas de las partes.
La abogada Luciana Sánchez, representante de Sofía Castro Riglos —la única sobreviviente del ataque—, señaló en diálogo con la agencia NA que la declaración fue breve y limitada. De acuerdo con su relato, Barrientos sostuvo que “él no fue”, dijo que no recordaba a nadie y reiteró que nunca ejerció discriminación. Sin embargo, está imputado por homicidio agravado por odio a la orientación sexual, violencia de género, alevosía y el uso de un medio idóneo para crear un peligro común, delitos considerados en grado de tentativa respecto de la cuarta víctima.
Según la querella, el acusado no se dirigió a las víctimas ni a sus familiares durante su exposición, sino que habló a los “vecinos del hotel”, a quienes reprochó haber sido crueles con él, pese a que —según sostuvo— compartían una realidad social y económica similar. Para las partes acusadoras, esa estrategia forma parte de un intento de despegarse del componente de odio vinculado a la orientación sexual de las mujeres atacadas.
Etapas finales del juicio y fechas clave
El juicio oral se encamina a su tramo final. Las jornadas de alegatos de la acusación están previstas para el lunes 26 y el miércoles 28 de octubre, oportunidad en la que la fiscalía y las querellas expondrán su valoración de la prueba reunida durante el debate. Posteriormente, se fijará la fecha para los alegatos de la defensa, que, según adelantó Sánchez, se realizarían a principios de noviembre.
Tras esa instancia, el Tribunal Oral N.º 5 se tomará algunos días para deliberar y dictar el veredicto. La expectativa de los organismos de derechos humanos y de organizaciones de diversidad sexual es que la sentencia reconozca expresamente el carácter de crimen de odio y siente un precedente en materia de investigación y juzgamiento de los llamados lesbicidios.
Los lesbicidios de Barracas: qué se investiga
La acusación sostiene que, durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024, Barrientos roció con un líquido inflamable y prendió fuego a cuatro mujeres que se alojaban en el hotel. Las víctimas sufrieron quemaduras gravísimas y, en medio del ataque, el agresor también las habría golpeado. En un intento desesperado por mitigar las lesiones, las mujeres se dirigieron al sector de duchas, pero allí volvieron a ser alcanzadas por el fuego y, según la causa, una de ellas fue nuevamente agredida físicamente.
Con el correr de los días, tres de las víctimas —Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante— murieron a raíz de las quemaduras. Sofía Castro Riglos, de 49 años al momento del hecho, permaneció internada en el Instituto del Quemado y recibió el alta el 3 de junio, tras atravesar múltiples intervenciones médicas y un complejo proceso de recuperación.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el acusado hostigaba de manera sistemática a las mujeres y las descalificaba por su orientación sexual, refiriéndose a ellas con el término peyorativo de “tortas”. Para la querella, esa conducta previa y el contexto de violencia sostenida son elementos centrales para encuadrar el hecho como lesbicidio, una figura que busca visibilizar los asesinatos cometidos contra mujeres lesbianas por motivos de odio.
“Es fundamental que la Justicia nombre lo que pasó como un crimen de odio contra lesbianas y envíe un mensaje claro de no tolerancia a la violencia por orientación sexual”, remarcan desde la querella y organizaciones de diversidad.
Mientras se aguarda el veredicto, el caso de la masacre de Barracas se consolidó como un emblema en la lucha contra los crímenes de odio y volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre las deudas del Estado en materia de prevención, protección y reparación frente a la violencia por motivos de género y diversidad sexual.
