El Ministerio de Capital Humano realizó inspecciones en establecimientos de la provincia de Buenos Aires durante el paro docente de este jueves y detectó escuelas cerradas, altos niveles de ausentismo y casos en los que no se permitió el ingreso de fiscalizadores. El Gobierno nacional anticipó que avanzará con un proceso sancionatorio contra los sindicatos que participaron de la medida de fuerza.
El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires sumó este jueves un nuevo capítulo. Mientras los gremios llevaron adelante un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento educativo, el Gobierno nacional desplegó inspectores en distintos establecimientos para controlar el nivel de prestación del servicio.
Según los primeros resultados difundidos por el Ministerio de Capital Humano, sobre 128 actas confeccionadas hasta las 11 de la mañana se verificaron 47 establecimientos en funcionamiento, mientras que 61 permanecían cerrados. Además, en otras 20 escuelas los inspectores no pudieron ingresar.
El relevamiento oficial también indicó que el ausentismo alcanzó el 83,1% en los establecimientos alcanzados por el operativo, mientras que apenas el 8,4% funcionaba con normalidad. Desde la cartera aclararon que se trata de datos preliminares y correspondientes exclusivamente a las escuelas fiscalizadas.
El Gobierno prepara sanciones contra los gremios
A partir de las actas realizadas durante las inspecciones, Capital Humano anticipó que iniciará un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de los sindicatos que participaron del paro.
En principio, el análisis alcanza a las organizaciones integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre ellas SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA y AMET. También se evaluará la participación de CTERA, que acompañó la jornada de protesta.
Por el momento, el Ejecutivo nacional no informó qué tipo de penalidad podría aplicarse. La definición dependerá del resultado final de las inspecciones y del grado de responsabilidad que se atribuya a cada organización sindical.
Uno de los puntos que analiza especialmente el Ministerio es el cierre total de los establecimientos. Para el Gobierno, esa situación debe diferenciarse de aquellos casos en los que una parte del personal docente adhirió a la huelga mientras otros trabajadores mantuvieron la actividad.
También quedaron asentados en las actas los casos en los que los fiscalizadores denunciaron que no pudieron ingresar a las escuelas. Esos episodios serán analizados individualmente antes de avanzar con eventuales sanciones.
La educación, considerada servicio esencial
La intervención del Gobierno nacional se apoya en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero de este año y publicada en marzo en el Boletín Oficial.
La normativa incluyó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de las actividades consideradas servicios esenciales y estableció que, ante un conflicto colectivo, debe garantizarse una cobertura mínima equivalente al 75% de la prestación habitual.
La aplicación de esta disposición generó una disputa judicial durante 2026. Una resolución de primera instancia había suspendido provisoriamente distintos artículos de la reforma, pero posteriormente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concedió efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado, por lo que las disposiciones volvieron a quedar vigentes mientras continúa la discusión judicial.
Qué reclaman los docentes bonaerenses
El paro de 24 horas coincidió con una jornada nacional de protestas educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria.
Los sindicatos docentes reclamaron una recomposición de los salarios, la reapertura de las negociaciones paritarias, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a una paritaria nacional y mayores recursos destinados al sistema educativo.
También plantearon demandas vinculadas con las condiciones laborales y los regímenes jubilatorios.
La medida profundizó las diferencias entre el Gobierno de Javier Milei, los gremios docentes y la administración bonaerense encabezada por Axel Kicillof. El procedimiento sancionatorio anunciado por Capital Humano, sin embargo, se limitará al paro realizado en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y no incluirá el conflicto de las universidades nacionales.
