El perfil del magistrado que desafió al Ejecutivo nacional
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El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick quedó en el centro de la escena política y judicial luego de dictar fallos que impactan de lleno en la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y en el financiamiento de las universidades públicas. Sus decisiones recientes encendieron la tensión entre la Casa Rosada y el Poder Judicial, reavivando el debate sobre la independencia de los magistrados y los límites del Ejecutivo.
Cormick es titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó al cargo en noviembre de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, a través del decreto 866, luego de haber recibido el acuerdo correspondiente del Senado. Su formación y trayectoria lo posicionan como un especialista en Derecho Administrativo con fuerte inserción en el ámbito académico y en la gestión pública.
Abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, desarrolla además una carrera docente en universidades públicas del conurbano bonaerense, como Avellaneda y José C. Paz, donde dicta materias de grado y posgrado. Es coautor de trabajos y publicaciones sobre contratos administrativos y servicios públicos, un campo clave para entender la relación entre el Estado y los privados.
Trayectoria en la administración pública y la Justicia
Antes de acceder a la magistratura federal, Cormick ocupó cargos relevantes en organismos de control del Estado. Entre 2014 y 2015 fue titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), el ente encargado de registrar y fiscalizar sociedades comerciales y asociaciones civiles, designado entonces por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Años más tarde, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, se desempeñó como síndico general del PAMI durante la gestión de Luana Volnovich.
En el fuero local porteño, una reseña del Consejo de la Magistratura de la Ciudad da cuenta de su paso como defensor de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Su recorrido combinó así experiencia en la administración nacional, en organismos estratégicos y en el Poder Judicial de la Ciudad, lo que lo proyectó como un conocedor de los conflictos entre ciudadanos, empresas y el Estado.
Su nombre comenzó a aparecer con más frecuencia en los medios a partir de esas designaciones y de su cercanía con sectores del oficialismo de entonces, en particular con dirigentes referenciados en La Cámpora, según remarcaron diversos medios nacionales. Esa trayectoria es ahora puesta bajo la lupa por el Gobierno actual, que cuestiona sus antecedentes políticos a la luz de sus recientes resoluciones.
Fallos sobre universidades y reforma laboral
Uno de los expedientes de mayor impacto a su cargo es la causa por el financiamiento universitario, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones de educación superior. En octubre, Cormick declaró inconstitucional la maniobra del Poder Ejecutivo para suspender la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial. Entendió que la llamada «promulgación condicionada» operó como una forma de veto encubierto, no prevista por la Constitución.
En ese mismo marco, y ante el incumplimiento de una cautelar que ordenaba actualizar salarios y becas universitarias, el magistrado impuso esta semana una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Si bien el Gobierno apeló y logró suspender los efectos de la sentencia sobre el fondo del conflicto, la medida cautelar que protege a las universidades sigue vigente, generando una fuerte pulseada institucional.
Su juzgado también intervino en la discusión en torno al protocolo «antipiquetes» del Ministerio de Seguridad. A pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en marzo de 2025 Cormick rechazó suspender de manera urgente la aplicación del protocolo pero ordenó que el tribunal actuara como observador en una movilización de jubilados frente al Congreso. Meses después, en diciembre de ese año, declaró nula la resolución que había creado el protocolo al considerar que el Ejecutivo había avanzado sobre facultades propias del Poder Legislativo. Esa decisión fue revocada por la Cámara en marzo de 2026.
Suspensión de artículos de la reforma laboral
El último capítulo que lo vuelve a colocar en el centro del escenario tiene que ver con la reforma laboral. A raíz de una presentación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Cormick dictó una medida cautelar que suspendió los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, cuestionados por modificar el alcance de la responsabilidad de los profesionales en los juicios y el esquema de cobro de honorarios.
Esa resolución no implica todavía una declaración de inconstitucionalidad, pero congela por tres meses la aplicación de esos artículos, o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra antes. El fallo fue leído como un gesto de protección hacia la actividad profesional de la abogacía y como otra señal de freno judicial a algunas iniciativas centrales del programa de reformas del oficialismo.
- Cormick es juez federal en lo Contencioso Administrativo desde 2020.
- Tuvo cargos en la IGJ y en el PAMI durante gobiernos kirchneristas.
- Dictó fallos clave sobre financiamiento universitario y reforma laboral.
- Sus decisiones generaron fuertes críticas del Gobierno nacional.
La discusión en torno a sus fallos reabre el debate sobre cómo se equilibran los poderes del Estado cuando el Ejecutivo busca avanzar con reformas estructurales y los tribunales evalúan su encuadre constitucional.
Mientras el Gobierno redobla sus cuestionamientos y prepara nuevas apelaciones, el perfil y las decisiones de Martín Cormick seguirán bajo la lupa. Sus fallos no solo inciden en la coyuntura política, sino que también delinean los límites jurídicos de las reformas en materia laboral, social y educativa.
