La Fiscalía española impulsa una causa contra el cantante
NewsITe
La situación judicial de Julio Iglesias sumó un nuevo capítulo luego de que un fiscal español solicitara que se investigue al artista por presunta agresión sexual y explotación laboral contra dos exempleadas domésticas. El pedido se elevó tras considerar que la Audiencia Nacional de España tiene competencia para analizar los hechos, que habrían ocurrido en propiedades del cantante ubicadas en Bahamas y República Dominicana.
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De acuerdo con fuentes judiciales, la actuación del Ministerio Público supone un giro respecto de la primera denuncia, presentada en enero de este año. En esa oportunidad, el caso fue archivado al entenderse que los tribunales españoles no tenían jurisdicción sobre hechos cometidos fuera del territorio nacional. Ahora será un juez de la Audiencia Nacional quien deberá resolver si se abre o no una investigación formal.
Las denunciantes, identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura para preservar su seguridad e intimidad, trabajaron en 2021 en residencias de Iglesias en el Caribe. Según sus relatos, habrían sido sometidas a un contexto de control extremo, tocamientos no consentidos, humillaciones y malos tratos durante el tiempo que se desempeñaron como empleadas.
Tras el archivo inicial, ambas mujeres presentaron en septiembre una nueva denuncia ante la Audiencia Nacional. La existencia de estas acusaciones y parte de sus pormenores se conocieron a partir de una investigación periodística difundida por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, que puso el foco en las condiciones laborales y el vínculo de poder entre el artista y sus trabajadoras.
El rol de la justicia española y la defensa del cantante
La organización Women’s Link Worldwide, que representa legalmente a las denunciantes, sostiene que la justicia española puede intervenir gracias a normas que permiten investigar delitos presuntamente cometidos en el extranjero cuando existen vínculos relevantes con España y se cumplen determinados requisitos legales. Entre esos elementos se consideran la nacionalidad del acusado y la posible afectación de derechos fundamentales.
En una carta abierta, Rebeca y Laura reclamaron que se garantice su acceso a la Justicia y que se investiguen de manera exhaustiva los hechos denunciados, más allá de la fama o el poder económico de la persona señalada. La entidad que las acompaña remarcó que el Estado español tiene la obligación de asegurar a todas las víctimas la posibilidad de denunciar y obtener respuesta judicial efectiva.
Por su parte, Julio Iglesias, de 83 años, rechazó enérgicamente las acusaciones. A través de su entorno, calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. La defensa insiste en que se trata de señalamientos infundados y confía en que la Justicia no avanzará con una causa penal.
Una figura clave de la música latina bajo la lupa
Nacido en Madrid en 1943, Julio Iglesias es una de las figuras más reconocidas de la música en habla hispana. Su carrera despegó a fines de la década del sesenta y se consolidó con clásicos como “Soy un truhán, soy un señor”, “Gwendolyne”, “Me olvidé de vivir” y “Con la misma piedra”. A lo largo de más de medio siglo sobre los escenarios, vendió más de 300 millones de discos, de acuerdo con los datos difundidos sobre su trayectoria.
Su popularidad trasciende fronteras y generaciones, con giras internacionales y grabaciones en varios idiomas. Precisamente, esa proyección global es uno de los elementos que vuelve especialmente resonante cualquier controversia judicial que lo involucre, como la que ahora se discute en los tribunales españoles.
Por el momento, la causa se encuentra en una etapa preliminar y la decisión sobre la apertura de una investigación penal quedará en manos de un juez. De avanzar, la Justicia deberá recoger testimonios y pruebas tanto en España como en el extranjero, en un proceso que podría extenderse y seguir de cerca desde la opinión pública internacional.
Hasta que no haya una resolución firme, rige el principio de presunción de inocencia para el cantante, mientras las denunciantes insisten en que su caso sirva para visibilizar situaciones de abuso y explotación laboral que, según organismos especializados, suelen permanecer ocultas en el ámbito doméstico.
