Caso Sergio Ávalos: la Justicia mantiene imputados y va a juicio

La causa por la desaparición de Sergio Ávalos avanza al juicio oral

Familiares y organizaciones reclaman justicia por Sergio Ávalos en Neuquén

NewsITe

El Juzgado Federal N°2 de Neuquén rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas de los 19 imputados por la desaparición forzada de Sergio Ávalos, el estudiante de 18 años visto por última vez en junio de 2003 en el boliche “El Fuerte”. Con esta resolución, el expediente da un paso clave y se encamina hacia el juicio oral y público, a más de dos décadas del hecho.

La resolución fue firmada por el juez federal Gustavo Villanueva, en sintonía con lo solicitado por la fiscal federal interina Luisina Tiscornia, responsable del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén. Para la acusación, en el caso se investiga un delito de desaparición forzada de persona, considerado una violación grave y múltiple de derechos humanos.

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En el requerimiento de elevación a juicio presentado en agosto, la fiscalía atribuyó a once de los acusados la coautoría del delito y a otros ocho la participación necesaria. Entre las personas imputadas hay militares, policías, empleados civiles y personal de mantenimiento, limpieza y administración, todos vinculados al funcionamiento del local bailable en el que se vio por última vez a Ávalos.

Plazo razonable, prescripción y carácter permanente del delito

Las defensas habían planteado, por un lado, que se había vulnerado el “plazo razonable” del proceso penal y pidieron que se declarara la insubsistencia de la acción. Sostuvieron que, por el tiempo transcurrido desde 2003, la causa debía cerrarse. En forma subsidiaria, reclamaron la prescripción, argumentando que la figura de desaparición forzada recién fue incorporada al Código Penal en 2011 y que no podía aplicarse retroactivamente.

Villanueva rechazó ambas posturas. Sobre la duración del expediente, destacó la complejidad del caso, la cantidad de imputados y la necesidad de producir numerosas pruebas, y remarcó que la investigación no tuvo “tiempos muertos”. Además, subrayó la “extrema gravedad” del delito analizado, que afecta simultáneamente la libertad personal, la integridad física y otros derechos fundamentales, y que en la jurisprudencia argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se considera una violación continuada.

En esa línea, el magistrado hizo hincapié en el carácter permanente de la desaparición forzada: la consumación no cesa mientras no se conozca el destino o paradero de la víctima. Recordó que la ley 26.679, que incorporó el artículo 142 ter al Código Penal, entró en vigencia en mayo de 2011, cuando Ávalos seguía desaparecido y el hecho continuaba ejecutándose. Esa situación, indicó, se mantiene hasta el presente.

En cuanto al intento de las defensas de declarar prescripta la acción, el juez citó el artículo 63 del Código Penal, que establece que en los delitos permanentes el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la conducta siga desarrollándose. “La desaparición de Sergio Ávalos persiste a la fecha y no se ha establecido su destino, por lo que el plazo aún no ha comenzado a computarse”, sostuvo el magistrado al descartar el planteo.

Quién era Sergio Ávalos y qué pasó en “El Fuerte”

Sergio Ávalos era oriundo de Picún Leufú, en la provincia de Neuquén, y estudiaba Economía en la Universidad Nacional del Comahue. En la madrugada del 14 de junio de 2003 fue con un grupo de amigos al boliche “El Fuerte”, uno de los locales bailables más concurridos de la capital neuquina. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el joven fue visto por última vez dentro del establecimiento entre las 6.30 y las 7 de la mañana.

Desde ese momento, nada se supo de su paradero. Con el paso de los años, la causa atravesó cambios de hipótesis y cuestionamientos por irregularidades en los primeros tramos de la investigación. Recién con la calificación como desaparición forzada de persona se consolidó la línea que coloca bajo sospecha a integrantes del dispositivo de seguridad del boliche y a empleados que habrían tenido información clave.

  • Seis militares, cinco policías y tres empleados civiles están acusados de haber intervenido directamente en la desaparición.
  • Personal de mantenimiento, limpieza y administración es señalado por obstaculizar el avance del caso y omitir datos relevantes.

Para la fiscalía, la falta de colaboración de distintos sectores vinculados al local bailable contribuyó a que, a más de 20 años, se siga sin conocer qué ocurrió con Sergio Ávalos.

La elevación a juicio abre una nueva etapa judicial que será seguida de cerca por la comunidad neuquina, organizaciones de derechos humanos y el movimiento estudiantil, que desde 2003 mantienen vivo el reclamo de verdad y justicia por el joven desaparecido.

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