El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás comunicará hoy su veredicto en el marco de la causa por extorsión y turbación de la posesión seguida contra el dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro. La fiscalía solicitó que sea condenado a una pena de 10 años de prisión efectiva. La querella fue por más y pidió una reclusión de 15 años. “Esta causa tiene que ser ejemplar para la Argentina más que para nosotros”, planteó el empresario Ariel Rey en vísperas de la jornada decisiva.
De la redacción de EL NORTE
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El juicio oral contra Maximiliano Cabaleyro llegará hoy a una instancia decisiva, cuando desde las 12:30 el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás dé a conocer su veredicto por la acusación de extorsión y turbación de la posesión contra el dirigente local del Sindicato de Camioneros. La fiscalía solicitó que sea condenado a una pena de 10 años de prisión efectiva, mientras que la querella pidió una reclusión de 15 años. En la previa de la lectura del veredicto, que se hará en el marco de una audiencia virtual, Ariel Rey, propietario de la empresa sampedrina cuya denuncia dio inicio a la causa, planteó: “Esta causa tiene que ser ejemplar para la Argentina más que para nosotros”.
La causa se originó a partir del conflicto que el sindicato mantuvo en febrero de 2022 con Rey Distribución, empresa de San Pedro, y durante las últimas audiencias incorporó testimonios y registros de aquellos días que volvieron a reconstruir cómo se desarrolló la disputa.
La definición llegará después de un juicio en el que volvieron a quedar bajo análisis las acciones desplegadas por Camioneros en el acceso a la planta de Rey Distribución entre el 22 y el 26 de febrero de 2022. Cabaleyro está acusado por extorsión y turbación de la propiedad a raíz de aquel conflicto, que incluyó la presencia de integrantes del sindicato frente a las instalaciones de la empresa. El hecho, posteriormente, derivó en una investigación penal.
Pedidos de pena
Las fiscales Verónica Marcantonio y María del Valle Viviani pidieron que los acusados sean declarados culpables de los delitos imputados y, en el caso de Cabaleyro, que sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliario. En tanto, para exempleados de la empresa Rey también imputados solicitaron una pena de tres años de ejecución condicional.
Por su parte, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (como particular damnificado querellante) adhirió a lo pedido por la fiscalía, pero en el caso de la pena de prisión para el principal imputado elevó la solicitud a 15 años.
Las fiscales fundamentaron sus pedidos en que consideran probados los hechos denunciados y que los actos extorsivos endilgados a Cabaleyro existieron. Sostuvieron que fueron debidamente probadas las intimidaciones y amenazas para obligar a la empresa a pagar y que, si no cumplían, no los iban a dejar trabajar. Aseveraron que existía un plan común y que, respecto a los pagos en cuestión mencionados por los propietarios, fueron probados a través de un testigo presencial. Señalaron que hubo coautoría por parte de Cabaleyro y Espíndola, ya que había un plan común en la maniobra extorsiva.
También dieron por acreditados los bloqueos que, según señalaron, no deben confundirse con un justo derecho a huelga y marcaron que fueron probados todos los extremos que requiere el tipo penal de la extorsión.
En tanto, la defensa de Maximiliano Cabaleyro, integrada por los abogados Mauricio Gugger, Analía González e Ignacio Baldarenas, y la de los exempleados de la empresa, a cargo del letrado Gabriel Ruiz, coincidió en pedir la absolución de sus defendidos sin proponer figuras subsidiarias en caso de condena. Sus argumentos se basaron en la insuficiencia de la prueba. Plantearon que existían serias contradicciones no solo en los dichos, sino también en los hechos,.
“Mafia sindical”
En la previa del veredicto, Ariel Rey pidió una condena “ejemplar”, que vaya más allá de la situación particular que afrontó su empresa.
“Esta es una causa que visibiliza algo que la sociedad naturalizó: un sistema donde se nutre el caldo de cultivo ideal para la extorsión de la mafia sindical, en connivencia con el Estado, que debería mediar, pero termina siendo una dependencia del sindicato. Me interesa mucho más que esta causa termine con una condena ejemplar porque tenemos que mirar para adelante y tenemos que entender que huelga, derecho laboral, no justifica bloqueo, extorsión o coima. Hay una gran diferencia. Tenemos que tratar de que el trabajador entienda que el sindicato debe ocuparse de lograr las mejores condiciones para él. Tenemos 6 trabajadores que fueron utilizados por estos dirigentes. Les lavaron la cabeza porque los hicieron participar de un delito haciéndoles creer que eran derechos laborales. Por eso esta causa tiene que ser ejemplar. Más que para nosotros, para la Argentina”, expresó el empresario en declaraciones vertidas al medio Infobae.
