La lectura se dará en el marco de una audiencia virtual. El Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás comunicará su veredicto y eventual condena en el marco de la causa por extorsión y turbación de la posesión seguida contra el dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro.

De la redacción de EL NORTE
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El juicio oral contra Maximiliano Cabaleyro llegará este miércoles a una instancia decisiva, cuando desde las 12:30 el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás dé a conocer su veredicto por la acusación de extorsión y turbación de la posesión contra el dirigente local del Sindicato de Camioneros.
Las fiscales Verónica Marcantonio y María del Valle Viviani pidieron que los acusados sean declarados culpables de los delitos imputados y, en el caso de Cabaleyro, que sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliario. En tanto, para exempleados de la empresa Rey también imputados solicitaron una pena de tres años de ejecución condicional.
Por su parte, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (como particular damnificado querellante) adhirió a lo pedido por la fiscalía, pero en el caso de la pena de prisión para el principal imputado elevó la solicitud a 15 años.
Las fiscales fundamentaron sus pedidos en que consideran probados los hechos denunciados y que los actos extorsivos endilgados a Cabaleyro existieron. Sostuvieron que fueron debidamente probadas las intimidaciones y amenazas para obligar a la empresa a pagar y que, si no cumplían, no los iban a dejar trabajar. Aseveraron que existía un plan común y que, respecto a los pagos en cuestión mencionados por los propietarios, fueron probados a través de un testigo presencial. Señalaron que hubo coautoría por parte de Cabaleyro y Espíndola, ya que había un plan común en la maniobra extorsiva.
También dieron por acreditados los bloqueos que, según señalaron, no deben confundirse con un justo derecho a huelga y marcaron que fueron probados todos los extremos que requiere el tipo penal de la extorsión.
En tanto, la defensa de Maximiliano Cabaleyro, integrada por los abogados Mauricio Gugger, Analía González e Ignacio Baldarenas, y la de los exempleados de la empresa, a cargo del letrado Gabriel Ruiz, coincidió en pedir la absolución de sus defendidos sin proponer figuras subsidiarias en caso de condena. Sus argumentos se basaron en la insuficiencia de la prueba. Plantearon que existían serias contradicciones no solo en los dichos, sino también en los hechos.

