El Gobierno de Javier Milei presentó un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La medida se concretó después de que venciera el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para detener las actividades de explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.
El Gobierno argentino presentó este martes una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas extranjeras en aguas próximas a las Islas Malvinas. La decisión se produjo después de que el Reino Unido no cumpliera con el ultimátum de dos semanas establecido por la administración de Javier Milei para suspender las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos.
La presentación fue realizada a través de la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, y busca impedir que continúen las operaciones sobre los recursos naturales de la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por las autoridades británicas vulneran los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y contradicen las disposiciones internacionales relacionadas con la controversia territorial.
El reclamo apunta específicamente al proyecto Sea Lion, desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El emprendimiento contempla la extracción de petróleo en una zona marítima cuya soberanía es objeto de una disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido.
Qué reclama Argentina ante el tribunal internacional
La solicitud argentina contempla cuatro medidas destinadas a impedir que el proyecto avance mientras se desarrolla el procedimiento de arbitraje internacional.
El primer pedido consiste en ordenar al Reino Unido que impida el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. También solicita que las autoridades británicas se abstengan de utilizar información obtenida durante las exploraciones petroleras en perjuicio de los derechos argentinos.
Otro de los puntos está relacionado con la protección del medio ambiente marino. El Gobierno reclama que se respeten las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que no se adopten medidas que puedan afectar los recursos naturales de la región.
Finalmente, Argentina exige que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos de exploración o explotación que puedan agravar la controversia mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
El ultimátum que venció este lunes
El conflicto ingresó en una nueva etapa después de que el Gobierno argentino intimara formalmente al Reino Unido el pasado 28 de septiembre. En aquella oportunidad, Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional y concedió un plazo de dos semanas para que Londres adoptara medidas destinadas a detener las actividades petroleras.
El plazo venció el lunes 12 de octubre sin que las autoridades británicas aceptaran las exigencias argentinas. Por el contrario, el Reino Unido mantuvo su posición de respaldo a las actividades económicas autorizadas por la administración de las islas.
Ante esa respuesta, el Gobierno decidió avanzar con el pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La presentación se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada tanto por Argentina como por el Reino Unido, que establece mecanismos para resolver controversias entre Estados relacionadas con los espacios marítimos.
Qué puede pasar con el proyecto Sea Lion
El proyecto Sea Lion se encuentra en una etapa de desarrollo previa al inicio de la producción comercial, prevista para 2028. Las empresas responsables avanzaron con inversiones, contrataciones y preparativos para comenzar la extracción de petróleo en la zona.
Sin embargo, la presentación argentina no implica una suspensión automática de las actividades. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar los argumentos de las partes y determinar si corresponde disponer medidas provisionales mientras se desarrolla el arbitraje.
La controversia de fondo será examinada mediante un procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención, que contempla la conformación de un tribunal arbitral para resolver las diferencias entre ambos países.
El reclamo argentino no busca que el Tribunal del Mar resuelva la soberanía de las Islas Malvinas, sino que se pronuncie sobre las obligaciones internacionales relacionadas con la explotación de los recursos marítimos.
La disputa territorial permanece reconocida por las Naciones Unidas, cuya Asamblea General instó en reiteradas oportunidades a Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones bilaterales.
