Orden judicial contra la campaña publicitaria del Gobierno de Trump
NewsITe
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump suspender de inmediato la emisión de una serie de anuncios televisivos financiados con fondos públicos, en medio de fuertes cuestionamientos por el uso de dinero de los contribuyentes para promover la agenda del exmandatario republicano.
La magistrada Jennifer Rochon, del tribunal federal de Nueva York, concedió una orden de restricción temporal solicitada por la organización no gubernamental Common Cause, que había impugnado la millonaria campaña ante la Justicia. La decisión alcanza a todos los anuncios televisivos contratados por la administración para difundir mensajes considerados “de servicio público”, pero que, según los demandantes, funcionan en los hechos como publicidad política a favor de Trump.
De acuerdo con documentos presentados en el expediente, el Departamento de Justicia informó a Rochon que la campaña estaba programada para finalizar el domingo por la noche. Sin embargo, la jueza entendió que ese plazo no volvía abstracto el reclamo y dispuso frenar cualquier nueva emisión a partir de las 18.45 del mismo domingo, hora de Miami.
Una campaña millonaria bajo la lupa
Según la información revelada en sede judicial, el Gobierno de Trump asignó un total de US$ 20 millones para esta estrategia comunicacional, catalogada formalmente como campaña “de servicio público” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). De ese monto, ya se habrían utilizado alrededor de US$ 19 millones en compra de espacios en medios.
La agencia LMD Agency Inc. fue la encargada de gestionar las pautas y contrataciones. Holly Mehringer, funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, declaró bajo juramento que la firma realizó compras de espacios en televisión hasta el 11 de octubre de 2026 por un valor aproximado de US$ 19 millones. Añadió que el Departamento de Seguridad Nacional —del que depende la CBP— instruyó a la agencia a no concretar nuevas compras a partir de esa fecha y que, por el momento, “no existen planes” para continuar con la campaña.
Críticas bipartidistas y defensa de Trump
La iniciativa oficial fue cuestionada por legisladores de ambos partidos, que advirtieron sobre el uso sin precedentes de recursos públicos para financiar anuncios con un fuerte componente político, en un país donde rigen estrictas regulaciones sobre la frontera entre comunicación institucional y propaganda electoral.
Frente al creciente rechazo, Trump reconoció el 5 de octubre las críticas y aseguró que, en adelante, pagaría de su propio bolsillo parte de los mensajes televisivos. Dijo que utilizaría fondos recaudados para MAGA, Inc., el comité independiente que respalda su movimiento político “Make America Great Again”. De todos modos, el fallo de Rochon apunta específicamente al uso de fondos de los contribuyentes y abre la puerta a un debate más amplio sobre los límites del gasto público en comunicación política en Estados Unidos.
La causa impulsada por Common Cause y la decisión de la jueza Rochon se inscriben en una disputa mayor sobre la transparencia y el control del dinero en la política estadounidense, en un contexto signado por la polarización y la cercanía de nuevos procesos electorales.
La resolución judicial, de carácter provisorio, podría derivar en nuevas audiencias y eventuales cambios en la forma en que la Casa Blanca y las agencias federales diseñan sus campañas informativas, un tema seguido de cerca por organizaciones civiles y analistas en todo el mundo.
